El Gobierno apura los plazos para presentar su propuesta de nueva financiación

En realidad, el departamento de Hacienda ya ha dejado algunas pistas de cómo va a ser su propuesta. Montero y el presidente valenciano, Ximo Puig, ya avanzaron que el criterio de población ajustada sería el punto de partida de la propuesta. Y eso significa, en teoría, descartar la propuesta de las ocho comunidades autónomas -Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León-, que en la reunión de la semana pasada celebrada en Santiago apostaron por dar prioridad al cálculo del coste estándar de la prestación de cada servicio público, y que sobre esa propuesta sería necesario aplicar los distintos criterios que inciden en el cálculo de ese coste, vinculados al envejecimiento de la población o a la dispersión. Y una vez determinado ese nuevo coste, multiplicarlo por la población sobre la que se fuera aplicar cada una de esas unidades de coste real del servicio.

La diferencia fundamental con el cálculo de la población ajustada, según el Consell, tiene que ver con los plazos para acometer la reforma, que con la propuesta valenciana se vería agilizada.

Con todo, la clave del nuevo modelo puede tener que ver mucho más con el peso relativo de cada uno de esos factores a concretar, como la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento, más que con si se opta por anteponer el cálculo de la población o el coste estándar de la prestación de los servicios.

Lo que parece fuera de toda duda es que la presentación hoy, si finalmente así ocurre, del esqueleto del nuevo modelo se convertirá en el inicio oficial de la negociación del nuevo sistema, por más que Cataluña parezca fuera de esas conversaciones, de que la aprobación de los PGE para 2022 certifiquen que el modelo no se podrá aplicar ese año y de que el calendario electoral, con las andaluzas este próximo año y las autonómicas y municipales en 2023, hagan más que complicado el necesario acuerdo entre PSOE y PP para sacar adelante el nuevo modelo. El que está en vigor, como es sabido, deja a la Comunitat como la peor financiada por habitante de forma consecutiva desde 2009.