El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en que el Gobierno de España «continuará trabajando en la reconstrucción con los valencianos y valencianas hasta que recuperen su plena normalidad». La reflexión, atribuida a una fuente de la Moncloa, vendría a ratificar el ... compromiso planteado por el propio presidente sólo unas horas después de que la DANA arrasara el pasado 29 de octubre buena parte de la provincia de Valencia. «La ayuda llegará por tierra, mar y aire y durará el tiempo que haga falta», vino a decir.
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El compromiso expresado por el presidente del Gobierno contrastó con los dos paquetes de ayudas aprobados –de 10.600 y 3.765 millones, respectivamente–, porque de esa cantidad, 5.000 millones eran avales del ICO, y por tanto acababan siendo préstamos a devolver.
Pero contrasta todavía más con la petición de recursos a fondo perdido por parte de la Generalitat. La vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero ha remitido un escrito a la conselleria de Hacienda Ruth Merino en la que concreta, negro sobre blanco, las condiciones que el Gobierno valenciano debe cumplir para que el Ejecutivo central acceda a transferirle recursos a fondo perdido para hacer frente a la tragedia provocada por la DANA. Y entre esas condiciones figura la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
«Para poder realizar transferencias directas, sabes bien que resulta imprescindible contar con unas nuevas cuentas públicas que recojan la dimensión de esta tragedia. Tengo plena confianza en que, dadas las circunstancias y el enorme desafío que afrontamos, ambas administraciones podremos contar con la colaboración de las distintas fuerzas políticas en las respectivas cámaras parlamentarias», señala el escrito a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
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La carta de la ministra es la respuesta al último escrito dirigido por Merino al ministerio de Hacienda en relación con las acuciantes necesidades de financiación que arrastra la administración autonómica, acentuadas además por la urgente necesidad de disponer de recursos para atender las carencias que la riada ha dejado en varias comarcas de la provincia de Valencia.
Tal y como reveló este diario, Merino remitió un primer escrito a la vicepresidenta Montero en la que exponía la necesidad de disponer de fondos públicos adicionales. La consellera emplazaba a la vicepresidenta a facilitar una ayuda a fondo perdido a la administración autonómica. Merino reclamaba recursos a fondo perdido, pero también que se permitiera que la Generalitat se endeudara, a partir de este 2024, para atender gastos de urgencia, así como que se le autorizara a superar los límites de déficit estructural, volumen de deuda pública y regla de gasto ante la emergencia de acometer gastos por la DANA. Y de modo alternativo, que se estableciera un déficit singular para esta región. Una serie de medidas necesarias, sí. Pero ninguna tanto como la de la inyección directa de recursos, exactamente de la misma forma que se hizo cuando la pandemia.
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En su primera respuesta, Montero dio luz verde a esas peticiones, aunque la autorización para el endeudamiento no sea más que eso, dar luz verde para obtener recursos que habrá que devolver. Pero optó por el silencio respecto a esos recursos a fondo perdido. El silencio puede ser en ocasiones la respuesta más elocuente. De modo que la consellera de Hacienda remitió un segundo escrito, recordándole a la ministra que esa reclamación era de hecho la principal necesidad de la administración autonómica.
La nueva respuesta de la ministra expone que el Ejecutivo central está «volcado» en la respuesta a la emergencia generada por la DANA. Además, recuerda los paquetes de medidas aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, uno de 10.600 millones y otro de 3.400, en ayudas para la Comunitat.
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¿Y los recursos a fondo perdido? Aquí es donde Montero recuerda que el Gobierno central se encuentra en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Y añade que para poder realizar transferencias directas «resulta imprescindible contar con unas nuevas cuentas públicas que recojan la dimensión de esta tragedia». Una explicación llamativa, toda vez que las cuentas actuales –las prorrogadas de 2023- están en vigor más allá de que sean una prórroga de aquellas. «Tengo plena confianza en que, dadas las circunstancias y el enorme desafío que afrontamos, ambas administraciones podremos contar con la colaboración de las distintas fuerzas políticas en las respectivas cámaras parlamentarias», señala el escrito.
El Gobierno valenciano reclama del ministerio de Hacienda una transferencia directa de recursos a fondo perdido -que no tenga que devolverse- para hacer frente a los gastos generados por la DANA. De hecho, lo ejemplifica con el acuerdo adoptado por el Ejecutivo central con motivo de la pandemia. En 2021, el Gobierno aprobó un Real Decreto, el 684/2021, por el que daba luz verde al libramiento a las CCAA de una dotación adicional de recursos a través de una transferencia adicional, al margen del sistema de financiación, y que permitió que la Comunitat recibiera 1.400 millones a fondo perdido, el equivalente al 1,1% de su PIB. Unos recursos financieros a partir de la aplicación presupuestara «Dotación adicional de recursos para las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla», y que incluía una dotación presupuestaria por un importe global de 13.486.000.000 de euros, destinada a dotar de mayor financiación a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en 2021.
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