El Gobierno cuestiona 14 artículos de la ley de Función Pública de Bravo

Hasta la llegada de Sánchez a la Moncloa, el enfoque del Consell ante las discrepancias con el Gobierno central era muy beligerante. Se consideraba el cuestionamiento de sus leyes como una injerencia en las competencias autonómicas por parte del Ejecutivo de Rajoy. Ahora se ofrece mejor cara frente a la puntillosa actitud que siguen demostrando la Abogacía del Estado frente a las leyes del Consell. «Desde el PP tenemos el compromiso de derogar esta ley porque, además de ser tan farragosa y compleja que hasta el Estado se da cuenta, perjudica a los interinos. Es un ejemplo de la negasta gestión de Bravo», señaló el portavoz adjunto del PP en Les Corts, José Antonio Rovira.

El meollo de la cuestión se encuentra en dos asuntos. Por un lado la contratación de interinos. El Estado le hace ver a la Generalitat en el informe que justifica la necesidad de poner en marcha una comisión que la futura ley valenciana facilita una contratación temporal que el Gobierno cree que viola la «excepcionalidad» de esta medida, y hasta la recuerda la «elevada tasa de temporalidad» en el ámbito autómico. Igualmente, le hace ver que el Consell establece modalidades de contratos que plantean «dudas con la naturaleza, objetivo y límites de la interinidad» fijados por la ley estatal. El informe llega a señalar que la Generalitat carece de competencia para crear nuevas figuras contractuales que difieran de las ya registradas. Y por otro está la cuestión de la movilidad de los empleados públicos, una flexibilidad excesiva para el Gobierno, que ve a Bravo muy suelta a la hora de querer situar a los funcionarios aquí y allá. Precisamente, por ese mismo motivo, el Gobierno central ya reclamó al Consell otra comisión en relación al decreto de medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos. El Estado plantea tres cuestiones de competencia por los contratos de urgencia y la movilidad del personal público para ayudar con el dinero de Bruselas. En el caso de la Ley de Función Pública, el asunto de la movilidad vuelve a emerger.

Entre los 14 artículos y las disposiciones que el Gobierno cuestiona hay temas «técnicos», pero también lo es que se tratarán asuntos de fondo. Y todo esto después de cinco años de tira y afloja. Compromís se puso en pie de guerra desde finales de 2016, cuando vio que el anteproyecto no incluía el requisito lingüístico como ellos pretendía. Durante 2017, 2018 y 2019, Bravo tuvo que negociar con los nacionalistas dentro del Consell y con los sindicatos en todo lo referente a la regulación de la actividad del funcionariado. Finalmente, en 2020 parecía que se habían desbloqueado las trabas, al menos con Compromís, si bien los sindicatos cerraron la negociación con la sensación de que la norma no estaba consensuada. Se aprobó en abril de este año. Y ahora aparece el Gobierno. La negociación con el Estado, por muy ágil que quiera ser, se prolongará más allá del presente ejercicio, y las modificaciones que deban aplicarse, ya se verá cuales, pueden dificultar el desarrollo del reglamento de la ley. Bravo tendrá que cruzar los dedos para que Puig no adelante elecciones, porque lo mismo pasa la legislatura entera sin que su norma estrella se aplique realmente. Y ya veremos después, teniendo en cuenta que el PP la quiere derogar.

«Es llamativo el elevado número de artículos en los que existen diferencias. CSIF exige el informe jurídico emitido por el Estado en el que argumenta estas discrepancias. Nos sorprende y nos parece una falta de transparencia. Estas discrepancias nos hacen todavía aumentar más las reticencias ante una ley con la que fuimos muy críticos y que impuso el Consell sin consenso con los sindicatos», recuerda Alicia Torres, presidena del CSIF. Sindicatos más cercanos a las posiciones políticas del Botánico también lamentan la cantidad de artículos cuestionados y lo atribuyen al modo en que la conselleria de Bravo ha planteado la ley: «No hay precedentes de tantos artículos cuestionados por el Gobierno en esta materia».