El nivel de ejecución de unos presupuestos «históricos» para la Comunitat, los de 2021, han sido tan bajos que solo el PSPV ha intentado poner paños calientes frente a unas cifras que sitúan a los valencianos a la cola en las inversiones territoriales del Gobierno ... central en el apartado más sustancioso de las cuentas del Estado. El Consell se enorgulleció de los PGE del año pasado, cuando la Comunitat iba a recibir un porcentaje de inversiones territoriales cercanas a su peso territorial. En teoría recibiríamos más de 1.100 millones de euros. La realidad ha sido sangrante, pues en total se han registrado ejecuciones por valor de 468 millones. Además, en el caso del apartado vinculado con las empresas públicas y otras entidades, donde se engloba el grueso de las inversiones, el nivel de ejecución es de la cuarta parte del total. 240 millones de un total de 911, un 26,4%, un porcentaje tan bajo que sitúa a la Comunita a la cola de toda España. Nadie, ninguna autonomía ha registrado un nivel tan bajo en el apartado relacionado con las infraestructuras.
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En el tripartito había cara de circunstancias en Les Corts al comprobar las cifras y los niveles de ejecución de los presupuestos que en su día pintó el Gobierno central en un cuadro del que apenas se han podido ver unos esbozos a lo largo del ejercicio pasado. Por todo ello, la propuesta del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de recolocar sedes de instituciones gubernamentales ha sido mal acogida. Los socios del PSPV no se han ahorrado la crítica.
Compromís ve prioritario ejecutar todas las inversiones del Estado en la Comunitat antes que la propuesta de Puig, un proyecto que Podemos ha calificado de «maquillaje» por «no abordar el fondo del asunto», según ha señalado su síndica, Pilar Lima. La coalición nacionalista, por boca de su portavoz parlamentaria, Papi Robles, ha indicado que es «una mala noticia que no se estén ejecutando las inversiones. Continuaremos haciendo una labor de segumiento para fiscalizar al Gobierno central. No queremos que se pinten presupuestos sino que se ejecuten». Si los nacionalistas se apuntaron todos los tantos que pudieron cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentó sus presupuestos, ahora, desde Compromís se asegura que su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, «no es el responsable de eso, sino el Gobierno central. Su capacidad de presión es limitada. Todos los representantes valencianos en el Congreso son responsables de la infrafinanción e instamos a que defiendan los derechos de los valencianos. Un sólo diputado ha logrado más objetivos que el resto».
Las cifras son las que son, y ante ellas, el diputado autonómico de Podemos, Ferran Martínez, ha señalado que se trata de datos «francamente mejorables». Por parte del PSPV, su síndica, Ana Barceló, ha preferido incidir en que la ejecución global es del 42% (ahí se suma también las inversiones correspondientes a los ministerios), aunque tampoco se trata de un porcentaje para tirar cohetes. «Es un 26% porque las inversiones más importantes son las de Adif, el 47% del total, infraestructuras que requieren de tramitaciones largas, pero al fin y al cabo están en el presupuesto y en eso hemos dado un salto cualitativo. El presupuesto se mantiene, es plurianual. Desconozco cómo se ha invertido en otras regiones. Lo importante es que se nos reconozca algo que en otras ocasiones no se ha hecho. Nos gustaría que fuera el 100% ejecutado, obviamente pero no sé por qué es tan baja», ha señalado la socialista Barceló. La oposición, obviamente, no ha sido tan generosa a la hora de valorar el modo en que el Gobierno central ha relegado a la Comunitat a la última posición en el apartado que acapara el 80% de todas las inversiones que deberían haberse destinado al territorio valenciano y que se han quedado en papel mojado.
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«El grado de ejecución de la inversión es lamentable. El Consell se dedica a imaginar cómo debe repartir el Estado las instituciones, pero no defiende las inversiones que nos tocan. Estamos esperando convenios anunciados para cuestiones como el túnel pasante en Valencia. Es lamentable ese grado de ejecución. Que se dejen de repartirse despachos y que Puig exija a los valencianos las inversiones que el PGE establece», ha señalado la síndica del PP, María José Catalá.
Ciudadanos, por su parte, ha lamentado que los grados de ejecución conviertan a los valencianos en españoles «de segunda», mientras que por parte de Vox han atribuido el problema a la desigualdad generada por las tensiones territoriales que ellos achacan a la división autonómica.
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