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El Gobierno remitió hace pocos días al Congreso de los Diputados un listado con cerca de un millar de enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 vetadas para su debate en el Parlamento por suponer un aumento en el capítulo de ... gastos o una minoración en el de ingresos. Una competencia que la Constitución concede al Ejecutivo y que, en la práctica, impide a Congreso y Senado alterar las cifras globales de ingreso y gasto del proyecto de ley de cuentas públicas para el siguiente ejercicio.
Entre esas enmiendas vetadas por el Ejecutivo central figuraba una presentada por Compromís. En concreto, una propuesta vinculada a la creación de un «fondo complementario de suficiencia financiera para las comunidades autónomas de régimen común« y que, como su propio nombre indica, proponía autorizar un crédito extraordinario con una dotación inicial de 16.400 millones de euros »para paliar la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas de régimen común«.
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La propuesta, presentada por el diputado nacionalista Joan Baldoví, se justificaba en la necesidad de «compensar el déficit entre los ingresos del modelo de financiación vigente y la evolución de las necesidades para cubrir los servicios públicos fundamentales: salud educación y protección social».
La cifra de 16.000 millones de euros se ha manejado en diferentes foros de debate -la ha utilizado el propio presidente Ximo Puig- y hace referencia al dinero que debería de incorporarse al fondo para financiar a las CCAA para que éstas pudieran atender el coste de la prestación de los servicios públicos.
La iniciativa de Compromís precisaba que este fondo tendría carácter no reembolsable y se configuraría en dos tramos: una para la «nivelación horizontal de aquellas CCAA que cuenten con una financiación anual por habitantes ajustado por debajo de la media». Y el segundo, para la «financiación adicional de los servicios públicos fundamentales».
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La justificación de la iniciativa encajaba a la perfección con las reivindicaciones que vienen haciendo las CCAA en el debate abierto sobre la reforma de la financiación. Y en particular con las de la Comunitat Valenciana, cuya financiación per cápita es la más baja de todas las autonomías.
Compromís proponía que, con cargo a ese crédito extraordinario de 16.400 millones, se realizarían las correspondientes «transferencias a las CCAA» con el objeto de resolver su actual estado de insuficiencia financiera y «permitirles habilitar los créditos presupuestarios en su presupuesto de gastos». «Las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las CCAA y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la finalidad para la que han sido concedidos», se remarcaba.
La enmienda, que señalaba además que en julio del año que viene la titular del ministerio de Hacienda tendría que determinar la «cuantía de la distribución definitiva entre las CCAA de los recursos de este fondo», no prosperó. Una circunstancia que, sin embargo, no impidió que el diputado de Compromís Joan Baldoví anunciara hace sólo unos días el voto favorable de la coalición al proyecto de PGE del Gobierno para el próximo año.
No sólo eso. Compromís anunció que votaría a favor tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, se dijo, para que en la propuesta de modelo de financiación que ha de presentar antes de final de noviembre, la de la Comunitat Valenciana salga «notablemente mejorada».
La ministra Montero ha venido asegurando que este mes presentaría un esqueleto del nuevo modelo, con una propuesta en la que se fijen los factores para calcular la población ajustada. Pese a encararse ya la recta final del mes, fuentes del ministerio confirman a este diario que esa propuesta aún no tiene fecha.
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A. cervellera / I. Domingo
El voto favorable de Compromís, en virtud de ese acuerdo con el Gobierno de Sánchez, resulta más llamativo si cabe si se tiene en cuenta que el propio Baldoví comprometió su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez tras arrancar el compromiso de los socialistas de presentar en ocho meses una propuesta de reforma del sistema de financiación.
Aquel acuerdo se alcanzó en enero de 2020, y se cumplía, por tanto, en agosto de ese mismo año. Han pasado 15 meses desde que se cumplió esa fecha, y la propuesta sigue sin conocerse. Y sin embargo, y pese al veto de su enmienda para lograr más fondos para la financiación, el partido que lidera Mónica Oltra ya ha comprometido su apoyo a las cuentas para 2022.
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