El Gobierno y ERC excluyen el valenciano de la Ley Audiovisual

El Gobierno ya tiene asegurada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 después de superar el último escollo que quedaba en el camino, el de la Ley Audiovisual. Esquerra ya había alcanzado con el PSOE un preacuerdo de cuotas y porcentajes en la nueva norma, pero todo saltó por los aires cuando el Ejecutivo admitió que no podría aplicar esos requisitos a plataformas con sedes en el extranjero como HBO o Netflix. Los independentistas amenazaron con poner en riesgo la aprobación de las cuentas gracias al peso de sus trece diputados, lo que abrió un nuevo proceso negociador.

La disputa se zanjó ayer tras garantizar el Gobierno una producción mínima anual de contenidos pero en catalán, euskera y gallego. El acuerdo excluye el valenciano, lo que colisiona con el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que determina en su artículo sexto que «el idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana». El acuerdo firmado con ERC, en uno de sus puntos, garantiza «que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado sea en catalán, euskera o gallego». Nada de valenciano.

Según anunciaron los republicanos, cada año se destinará un mínimo quince millones de euros a la producción en estas lenguas oficiales. Esto implica un 15% del 70% de la financiación total que el Estado ya exige a todas las plataformas (incluida Netflix, HBO o Amazon Prime) para dedicar a «producciones independientes».

Este modelo evita, además, que los presupuestos, que actualmente se tramitan en el Senado, vuelvan al Congreso y se retrasen más allá de lo que deseaba el Gobierno. En vez de destinar una partida presupuestaria específica, lo que requeriría de una enmienda, han optado por la llamada «obligación de financiación anticipada», que ya estaba prevista en el anteproyecto del Ejecutivo pero solo afectaba a las televisiones públicas tradicionales. Tras las negociaciones, se traslada a todas las plataformas que operan en España.

El acuerdo incluye también la creación de un fondo de doblaje y subtitulado que los operadores tendrán que incorporar en sus catálogos. «A modo de ejemplo, el 'Juego del calamar' de turno se doblaría al catalán», defienden desde Esquerra. Se garantiza que el mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado se emita en catalán, euskera o gallego, y se incorpora la lengua de signos catalana. «Si la ley del Gobierno busca atraer plataformas a España, tendrán que cumplir con esas cuotas. Y las plataformas españolas ya tendrán que garantizar que un 6% de su catálogo sea en catalán», zanjan los soberanistas. Sin embargo, renuncian a obligar a las grandes plataformas multinacionales a tener ese 6% de su catálogo en dichos idiomas, algo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, definió como «inviable».

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, prefirió restar importancia a estas concesiones y poner en valor la ley en su conjunto. «Tiene una extraordinaria validez como instrumento. Va a suponer un punto de inflexión para el sector audiovisual en nuestro país», zanjó. Y aunque prefirió no entrar a valorar la letra pequeña, sí aseguró que el acuerdo se ajusta a la directiva europea.

A cambio, Esquerra retira las 17 enmiendas a los presupuestos que registró en el Senado hace dos semanas, un movimiento de presión con el que buscaba volver a sentar al PSOE en la mesa de negociación. El Gobierno se asegura, por su parte, que las cuentas prácticamente se aprobarán sin añadir ninguna de las 3.952 enmiendas presentadas en el Senado, como ocurrió el año pasado. El texto podrá pasar el trámite el próximo martes sin tener que regresar al Congreso, lo que permitirá que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero, como pretendía desde el principio el Ejecutivo.

Mesa de diálogo

Otro de los caballos de batalla entre ambos partidos giraba en torno a la equiparación de la edad de jubilación de los Mossos o la Policía Foral de Navarra a la de otros cuerpos de seguridad como la Ertzaintza, que pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años. Será el Estado el que se haga cargo del «coste íntegro de la sobrecotización de esta jubilación anticipada» y será efectivo a partir del primer trimestre del 2022. Además de suprimir la partida consignada para las reformas de mejora de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Nacional en Vía Laietana, en Barcelona, cuyo cierre es una de las aspiraciones históricas del independentismo.

Desde Cataluña, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, reconoce que estos pactos con el Gobierno «permitirán dotar de estabilidad, firmeza y constancia» al proceso de diálogo que Moncloa y Generalitat mantienen abierto. Está previsto que la mesa bilateral entre los dos ejecutivos se vuelva a reunir en enero.