
Los doce presos políticos españoles de la dictadura de Nicolás Maduro están repartidos en distintas cárceles, algunos sin juicio, incluso en lo que se conoce ... como «desaparición forzosa», es decir, sin que las autoridades hayan confirmado un destino de forma oficial, como es el caso de los vascos José Basoa y Andrés Martínez. Para liberarles, o al menos mejorar sus condiciones de vida en esos calabozos donde no hay agua potable ni medicamentos, el Gobierno español realiza «gestiones» con el venezolano, según ha notificado el Ministerio de Exteriores a este periódico.
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«España tiene muy presente la situación de los españoles detenidos arbitrariamente y trabaja para su pronta liberación, de manera coordinada con nuestros socios comunitarios, con los que también denunciamos esta situación públicamente», sostienen fuentes del ministerio, este viernes. «El Gobierno de España ha realizado gestiones al más alto nivel con las autoridades venezolanas, exigiendo la puesta en libertad y solicitando que se respete el derecho de asistencia consular, reconocido por el Derecho Internacional».
Los doce españoles «privados de libertad», seis hombres y seis mujeres, según confirma la organización Foro Penal, dependen de la ayuda exterior, como familiares y amigos, para alimentarse, vestirse y acceder a los fármacos que necesitan para enfermedades crónicas. Según fuentes nacionales, hasta la semana pasada el Consulado español no había tenido acceso a los presos, algo que ahora confirma el ministerio.
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En la actualidad hay 903 presos políticos en Venezuela (813 hombres y 88 mujeres), de los que 66 tienen nacionalidad extranjera. Además de los doce españoles, hay 14 europeos más: cuatro portugueses, nueve italianos y un holandés, según los datos de Foro Penal. Desde noviembre del año pasado fueron liberados cinco españoles, que estaban encarcelados en Venezuela por protestar contra el fraude cometido en las elecciones presidenciales. Entre ellos, un hombre y una mujer, con nacionalidad española y residencia en Venezuela, dentro de un acto de propaganda del régimen, que incluyó a 225 detenidos.
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«Estas personas son etiquetadas como «mercenarios» o «terroristas» sin que existan pruebas sólidas que respalden tales imputaciones», asegura el 'Reporte especial sobre presos políticos con nacionalidad extranjera', coordinado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob. El español detenido por motivos políticos más antiguo del régimen tiene cuatro años tras las rejas.
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