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Es el sino de la legislatura. Cuando el Gobierno cree haber ganado algo de oxígeno para garantizarse un mínimo de estabilidad y empieza a fantasear ... con la idea de llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos que debía haber presentado el pasado septiembre, la realidad (más a menudo, Junts) lo golpea. Un día después de dar a los socialistas la satisfacción de retirar sobre la bocina la proposición no de ley que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, los posconvergentes avisaron ayer de que su apoyo a la propuesta del Gobierno para condonar 17.000 millones de euros a Cataluña y algo más de 83.000 millones al conjunto de las comunidades autónomas no está garantizado. Y Compromís, formación inscrita en el grupo Sumar, tildó la fórmula propuesta por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «burla a los valencianos», los más perjudicados por el sistema de financiación vigente.
La iniciativa del Gobierno parte de la promesa realizada a ERC en el pacto de investidura en relación a la deuda contraída durante la crisis financiera y, no en vano, fue el líder de esta formación, Oriol Junqueras, quien el lunes anunció exultante que la cuantía perdonada por el Estado a la Generalitat excederá finalmente el 20% (15.000 millones) consignados en su acuerdo. Es ese 'pecado de origen' lo que, entre otras razones, predispuso desde el primer momento al PP en su contra. Pero el Ejecutivo está convencido de que su oferta es demasiado tentadora para las autonomías populares y ayer, víspera de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, incrementó la presión para intentar doblarles el pulso y garantizar la viabilidad de su oferta.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, instó desde el palacio de la Moncloa, tras el Consejo de Ministros, a Alberto Núñez Feijóo a tomar una decisión «¿Condonar o condenar?¿Está por condonar deuda a las comunidades autónomas o por condenar a los ciudadanos?», retó. Antes siquiera de escucharla, el líder de los populares ya había rebatido el argumento. «Es falso que se condone un solo euro de deuda a nadie –refutó en un acto organizado por Madrid Foro Empresarial–. Se trasvasa de un lugar a otro lugar».
Los populares acusan a Pedro Sánchez de tenderles una «trampa», tanto a ellos como al conjunto de la ciudadanía, para satisfacer a sus socios independentistas y atornillarse al Gobierno. «La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat ahora la va a tener como español. Por consiguiente, lo que se hace es comprar el alquiler de La Moncloa con dinero público. Esto –insistió Feijoó– es muy caro».
Los presidentes autonómicos del PP a los que mejor vendría la ayuda, además, alegan que lo que necesitan no es un parche, sino resolver el problema de fondo, y aunque no censuran la quita defienden que debe ir acompañada de la reforma del sistema pendiente. Solo estarían dispuestos a hacer una excepción con la deuda contraída por la Comunidad Valenciana como consecuencia de la dana.
De momento, en la dirección del PP dan por seguro que sus comunidades se mantendrán unidas y votarán hoy en contra del alivio financiero en el CPFF convocado por Montero a las 16:00 horas. El Ejecutivo también asume que será así, pero no le preocupa. Su voto vale un 50% y con solo lograr el apoyo de una comunidad, como Cataluña, bastará para que la iniciativa siga su curso. Lo determinante es lo que ocurra cuando el asunto llegue al Congreso. Si nada cambia, la posición del primer partido de la oposición será decisiva.
Junts, en permanente competencia con ERC, elevó ayer la apuesta y exigió que se condone a Cataluña el «total» de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, creado bajo mandato de Mariano Rajoy en 2012 para las comunidades que no podían salir por la crisis a los mercados a financiarse y que, en este caso, asciende a 73.000 millones. Montero se mostró ayer abierta al «diálogo» y tildó de «legítimo» que la formación de Carles Puigdemont tenga «aspiraciones de máximos», pero argumentó que no tendría ningún sentido que dijera que no «cuando se ponen encima de la mesa propuestas que van avanzando en esa dirección».
La vicepresidenta también respondió a las críticas de Compromís y alegó que la Comunidad Valenciana es la autonomía que se podrá beneficiar de más condonación de deuda por habitante. «Probablemente no conoce bien la propuesta», adujo. Pero, de nuevo, la principal diana de sus críticas fueron el PP y más concretamente Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que situó como principal instigadora de la posición del partido.
Fuentes del Gobierno ponen en duda que, en caso de ser determinante, el PP se atreva de verdad a votar en contra de la quita y, sobre todo, dan por sentado – también lo hizo Montero en público– que, aunque ahora se opongan, si la medida recibe la luz verde de la Cámara baja, todos los presidentes se apresurarán a suscribir con Hacienda el convenio voluntario que les permitirá liberar recursos y ganar autonomía financiera. Ni siquiera el PP lo niega. Su portavoz, Miguel Tellado, evitó ayer responder a dos preguntas al respecto en una comparecencia en el Congreso.
Aun así, la vicepresidenta recordó que no sería la primera vez que el primer partido de la oposición tumba en la Cámara algo que podría suponer un desahogo económico para sus territorios. Lo hizo con la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos, que les daba más margen de gasto y con el decreto ómnibus, que contenía una actualización de las entregas a cuenta que reciben del Estado.
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