El Gobierno propone una financiación que vuelve a dejar a la cola a la Comunitat

La cita, a la que ha acudido en nombre del Gobierno valenciano el secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, junto al director general de Financiación, Nicolás Jannone, y la directora general de Tributos y Juego, Inmaculada Domínguez, ha permitido analizar los distintos escenarios con las distintas horquillas de la propuesta del Gobierno, que es resultado de las alegaciones que las autonomías presentaron al 'esqueleto' de nuevo modelo de la ministra María Jesús Montero en diciembre de 2021.

Y el resultado es... malo, malísimo para los intereses de la Comunitat. Monzó ha explicado que la propuesta para el cálculo de la población ajustada que el Ministerio ha llevado a la reunión de este miércoles no garantiza a la Comunitat Valenciana mejorar su situación actual en comparación con el resto de autonomías, sino al contrario, ya que genera unas diferencias de necesidades de gasto por habitante de hasta dieciséis puntos porcentuales frente a los once puntos que existen en la actualidad. «La propuesta que el Gobierno nos ha puesto sobre la mesa no beneficia en absoluto a la Comunitat Valenciana, porque es tan abierta que, en función de cómo se cierre, puede agrandar aún más las injustificables diferencias actuales y hundir todavía más a la Comunitat Valenciana», ha manifestado el número 2 de Hacienda a su salida de esta reunión.

Monzó ha reiterado que el criterio básico para la asignación de recursos entre las comunidades autónomas debe ser el de la población «porque los servicios públicos se prestan a personas» y han instado al Gobierno central a aportar más recursos del Estado al sistema. El criterio de población ajustada no altera la infrafinanciación de la Comunitat. Y además, el ministerio de Hacienda no ha aclarado si en paralelo a esa población ajustada el futuro modelo contará con otros fondos, como ocurre con el actual, y que en algún caso perjudican abiertamente a la Comunitat. De hecho, el denominado Fondo de Suficiencia Global, el que cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de la comunidad autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, resta a la Comunitat Valenciana algo más de 2.000 millones de euros.

Los representantes de la Generalitat han defendido que tomar como referencia la población ajustada en base a variables demográficas y correctivas «poco transparentes y sin justificación técnica, es arriesgado porque genera diferencias significativas de financiación por habitante entre comunidades no justificadas» y han defendido que estas diferencias «no deberían situarse por encima del 5% sea cuáles sean las variables utilizadas y los pesos asignados». Las CCAA tienen previsto reenviar sus alegaciones al nuevo documento.