El Gobierno, contra el requisito lingüístico: con ser mérito basta

El Gobierno central y el valenciano comparten a dos de los tres actores que forman su coalición –PSOE y Unidas Podemos– sin embargo, las recetas para algunos de sus problemas son antagonistas. Y el acceso a la función pública es uno de ellos. El Consell aprobó la pasada semana el

proyecto de ley de función pública que regulará el acceso, entre otras cosas, a los puestos de funcionario y funcionaria de la Generalitat. La nueva norma contempla el dominio del valenciano como requisito lingüístico para conseguir plaza en una oposición autonómica. Sin embargo, el Gobierno central no comparte esta medida y considera que las lenguas cooficiales de las comunidades que las tengan no pueden ser requisito, sino mérito para quienes quieran concursar por un puesto en la Administración.

Así se pronunció la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, durante la sesión de control al Gobierno, en respuesta a la pregunta de una parlamentaria vasca sobre la posibilidad de que el Ejecutivo introduzca el euskera como lengua necesaria para aprobar una oposición para una plaza de la Administración del Estado. Es decir, para implantar el requisito lingüístico más allá de las pruebas autonómicas, como sucederá desde el próximo año en la Comunitat. Para la titular del Ejecutivo central, la lengua «no debe ser un requisito, sino, en todo caso, un mérito».

Darias recordó en el Congreso que para tratar los temas relacionados con los idiomas existe un consejo de lenguas cooficiales y avanzó que «en un plazo razonable» su Ministerio tiene previsto convocar ese consejo en una comunidad que tenga lengua cooficial. Darias también anunció que el Gobierno prevé elaborar un plan de acción conjunta para avanzar «en la riqueza y el patrimonio lingüístico, pero siempre como mérito en el acceso al empleo público».

La ley de la función pública ha sido una de las normas más polémicas del Ejecutivo valenciano. De hecho, el anteproyecto quedó paralizado durante semanas antes de su aprobación por el pleno del Consell por discrepancias entre PSPV y Compromís a cuenta, precisamente, del momento procesal en el que entraría en vigor la obligatoriedad de tener un título de valenciano.

Precisamente, este jueves, durante la sesión de control al presidente en Les Corts, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, reprochó a Ximo Puig que «claudique ante Compromís» en la nueva ley de función pública con la que «la gente de Torrevieja y Orihuela no va a poder acceder a puestos en la administración por el requisito lingüístico». A esto sumó que el Consell «no paga las ayudas mientras tiene 330 enchufados y crea organismos, con los 25 asesores de Ximo Puig: Ha intentado vivir de las rentas y, cuando vienen los problemas, ha bajado los brazos».

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció este jueves el inicio de una campaña informativa para que Educación «mantenga el nivel B2 como requisito para el plurilingüismo en inglés» y pedirá que la capacitació en valencià y el diploma de mestre, se consideren siempre mérito.