El Gobierno de Sánchez auxilia a Morant y endurece su discurso contra Mazón

Fuentes vinculadas al Gobierno central aseguran que el Ministerio de Educación ha optado por una vía menos frontal que la pretendida por Morant cuando al iniciar su mandato al frente del PSPV informó de que el Ejecutivo llevaría la ley educativa del Consell al Constitucional porque consideraba que la normativa de la Generalitat comandada por Mazón vulnera los derechos del uso del valenciano en las aulas. Morant incluía en el mismo paquete la ofensiva contra la ley de Concordia y la educativa. Sin embargo, el tono empleado por el Gobierno no había sido, hasta ahora, el mismo. Los socialistas han reaccionado y se sitúan más en la órbita de su ministra valenciana porque, además, sus rivales de Compromís les habían tomado la delantera.

En el PSPV se ha percibido con incomodidad y cierta sorpresa la capacidad de Compromís para lograr que 50 diputados del Congreso firmen su recurso contra la constitucionalidad de la ley educativa. De algún modo, la iniciativa opositora respecto a Mazón se sale de los marcos que pretende establecer Morant.

La coalición ofreció a los socialistas la posibilidad de sumarse pero no quisieron, y el PSPV deberá esperar a ver cómo se resuelve la comisión bilateral que se pondrá en marcha entre el Gobierno y la Generalitat.

Además, los agentes sociales integrados en la Plataforma Pel Finançament no se muestran muy receptivos al deseo de los socialistas de que se prescinda de la demanda de un fondo de nivelación al Gobierno central. La plataforma se reúne este viernes. Los socialistas, que se centran en la quita de la deuda, intentarán arrimar el ascua a su sardina, mientras que el PP, que se centra en el fondo de nivelación, pretenderá otro tanto. La plataforma siempre ha reclamado las dos cosas (fondo y deuda), además del inicio del proceso para cambiar el modelo de financiación, que nunca acaba de arrancar.

Este miércoles se ha sabido que el Gobierno negociaría con el Consell varios puntos de la ley educativa. Horas después se dio a conocer que Compromís había logrado las 50 firmas de diputados para acudir al TC y, entonces, casi de inmediato se filtró que el Gobierno planteará otra negociación, esta vez sobre la ley de la Concordia valenciana. Los términos empleados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en manos de Víctor Torres, fueron ya mucho más contundente que el planteado inicialmente en relación a la ley educativa del Consell.

El Gobierno, de este modo, afila su posición respecto a la normativa aprobada por PP y Vox cuando estaban juntos en el Consell, lo que supone echar un capote a Morant, la líder de la oposición en la Comunitat.

A mediodía de este jueves, en Alicante, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la VIII reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado (AGE), en el Rectorado de la Universidad de Alicante. Ha contando con la intervención de la ministra Morant.

Torres ha adoptado un tono político en sus valoraciones sobre el Consell y las leyes emanadas de Les Corts. El ministro ha instado a Mazón a «aprender de lo que ha pasado en el Parlamento de Castilla y León», donde una Ley de Concordia en similares parámetros que la valenciana no ha sido tramitada esta semana «por una amplísima mayoría» al «poner sobre la mesa cuestiones vergonzantes».

«Esperemos que el Consell vuelva al sentido común, a la lógica, a la defensa de la democracia, a la condena del totalitarismo y de la dictadura», ha indicado Torres, para lo que ha instado a Mazón a estar dispuesto a negociar y a «retirar de su ley los parámetros de involución democrática». «Vamos a ver si es posible el acuerdo», ha señalado el ministro, para subrayar que el Gobierno «siempre» tiene voluntad de acordar.

Sobre todo, porque el Ejecutivo de Sánchez, además de tener voluntad de «acordar», también tiene voluntad de acudir al Tribunal Constitucional si Mazón no cede. Torres ha insistido en que si no hay acuerdo, el Gobierno «lógicamente» acudirá al TC para frenar una ley que «nunca debería haberse admitido a trámite» porque «no tenía ningún sentido» y «fue una imposición de Vox» antes de su salida del Consell.

La idea de la «imposición» de Vox a Mazón es nueva. Desde el PSPV siempre se ha sostenido que el líder del PP estaba en total sintonía con los voxistas.

Respecto a las discrepancias del Gobierno a la Ley de Libertad Educativa del Consell, Torres ha defendido que «no puede ser que haya leyes autonómicas que vaya en contra de la pluralidad lingüística y de la coexistencia de las leyes oficiales».

«Es absurdo que, mientras el Gobierno promulga que caminemos en la coexistencia de las lenguas cooficiales, haya presidentes y gobiernos como el de la Comunitat que quieran dar pasos atrás», criticó Torres, si bien el Gobierno ha reclamado una negociación por discrepancias sobre un artículo y dos disposiciones de la ley, frente al recurso que presenta Compromís, donde se considera que la ley educativa del Consell es inconstitucional prácticamente de punta a cabo.