El Gobierno vincula a una victoria del PSOE las inversiones en la Comunitat

El tiempo de la política convirtió una cumbre pionera entre el Gobierno central y el Consell en una reunión de buen tono. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, encabezaron ayer las delegaciones de la Generalitat y el Ejecutivo que se reunieron en el Palau. El encuentro cristalizó en una serie de acuerdos que dan de sí, en el caso de que se ejecuten, una veintena de millones de euros. Y hasta ahí. El adelanto electoral, fruto del rechazo de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que Sánchez llevó al Congreso, dejó sin músculo una comisión que aspiraba a ser histórica y se queda en un gesto de concordia. Los asuntos de enjundia económica pendientes, seguirán pendientes, y su resolución queda condicionada, según Batet, a la victoria de los socialistas en los comicios del próximo 28 de abril. La deuda de la Marina, el modelo de financiación o el grueso de las inversiones que se incluían en los PGE fallidos se vincularon al triunfo de Sánchez.

Mala señal fue que, tras las dos horas que duró la reunión, Puig iniciase su intervención ante la prensa recordando la aprobación en el Senado de la tramitación del Estatut, el miércoles, y la celebración de la reunión, ayer. Mala señal porque el presidente lo comentó dos veces de dos maneras distintas, lo que sugería que la comisión se cerró sin contante y sonante para que resonase en boca de los dirigentes. Cuando no hay tela que cortar se recurre a la literatura. Buenas palabras sobre la cumbre hubo por las dos partes. Respecto a los resultados, se centraron en la cesión de suelo del estado para asuntos de vivienda y de actividad industrial, así como la inclusión de los destinos valencianos en las campañas turísticas estatales y el interés del Gobierno en las preocupaciones del sector agrícola de la Comunitat.

En materia de agricultura, se acordó la inclusión de los productos del campo valenciano en un plan de promoción a tres años vista en los mercados de Canadá y China. Batet puso el acento en la atención que el Ejecutivo quiere poner en mejorar la situación de los agricultores que trabajan los cítricos.

Respecto a la vivienda, el Gobierno ofreció liberar suelo, tanto en la zona metropolitana como en la capital. Terreno para construir pisos en alquiler y para personas mayores y con discapacidad. Igualmente, se firmó un protocolo que supondría invertir unos 12 millones de euros «para la urbanización de suelos SEPES (entidad dependiente de Fomento) en Valencia, que podrían suponer unas 600 viviendas», según fuentes de Presidencia. Puig cifró en cerca de un millar de inmuebles en la Comunitat los que se podrían beneficiar de estas medidas acordadas con el Gobierno central. Igualmente, se anunció «un acuerdo para desarrollar el Parc Sagunt II, con el que se quiere ampliar un proyecto estratégico para el desarrollo industrial y logístico puesto en marcha por la Comunidad», según las mismas fuentes. Por lo que se refiere al turismo, en la reunión se cerró «un acuerdo para el Plan de Recuperación de Destinos Turísticos Maduros». Según Batet, «se va a trabajar para recuperar los cinco millones de inversión que preveían los PGE con el objetivo de que puedan llegar a su destino».

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitará la próxima semana Valencia, donde tratará con Puig, asuntos como la condonación de la deuda de 373 millones de euros de La Marina y aspectos relacionados con la financiación de la Comunitat. Si bien Batet se encargó de recordar ayer que las dos partes son «conscientes» de que hablar de financiación autonómica es hablar de un asunto «multilateral» y que por tanto el marco en el que se tiene que abordar «con profundidad» es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muy lejos queda esa «bilateralidad no excluyente» que Puig utilizó como término que serviría para definir las relaciones entre el Gobierno central y el valenciano en política territorial. Eran definiciones de septiembre de 2018, con Sánchez pertrechado en la Moncloa y con los PGE en un horizonte muy lejano. Sin embargo, el tiempo pasó, y la «bilateralidad» se circunscribe a asuntos no relacionados con la infrafinanciación valenciana.

Batet recordó ayer que la condonación de la deuda de La Marina estaba incluida explícitamente en el proyecto de PGE, y admitió que la asunción de esos 350 millones queda «en el aire», si bien el Gobierno central está «dispuesto a explorar» si hay algún mecanismo que pueda dar «respuesta inmediata» a esta cuestión, y si la exploración fracasa, después de las próximas elecciones generales se ejecutará. Si ganan los socialistas.