González Pons mueve ficha para que la Eurocámara reconozca la cooficialidad del valenciano ante el ninguneo del Gobierno

La iniciativa del dirigente popular llega como consecuencia del contenido de la carta en la que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicita a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, el uso oficial de las lenguas cooficiales de España en las sesiones plenarias del Parlamento Europeo.

El escrito, el tercero en el mismo sentido remitido por el Gobierno español y del que la propia presidenta de la Eurocámara informó en la reunión de la Mesa del pasado lunes, se refiere al uso en esa institución del catalán, el gallego y el euskera como las lenguas cooficiales junto al castellano en España. El valenciano no aparece.

La petición del Ejecutivo central forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Sánchez con los partidos independentistas. El Congreso de los Diputados ya aprobó hace un año la proposición que reformaba el Reglamento de la Cámara para que se implante el uso de las lenguas cooficiales, en plenos, en comisiones, en escritos y en todos los procedimientos parlamentarios.

La propuesta ahora se plantea a la Eurocámara. Metsola ha encargado un informe al «Working Group on Citizens, Language and Linguistic Services», el grupo de trabajo dedicado a lenguas, ciudadanos e interpretación, sobre las consecuencias prácticas, presupuestarias y políticas de esta decisión.

González Pons, ya ha comunicado que se opondrá a la iniciativa. No sólo eso, el también vicepresidente del PP europeo y dirigente valenciano, se ha dirigido a la presidenta Metsola para recordarle que «el catalán, el gallego y el euskera no son las únicas lenguas cooficiales de España».

En su escrito, el eurodiputado valenciano señala que la Constitución Española «establece expresamente que, además del castellano (que es la lengua oficial en todo el estado español), las restantes lenguas regionales serán también oficiales en sus respectivas regiones (llamadas «Comunidades Autónomas» en España), de conformidad con sus Estatutos de Autonomía».

«El Gobierno español obvia en su carta que el valenciano es lengua oficial en la Comunidad Valenciana, junto con el castellano, tal y como reconoce expresamente su Estatuto de Autonomía», remacha.

González Pons anuncia que solicitará en el grupo de trabajo que se requiera a los servicios jurídicos la emisión de un informe «que analice cuántos idiomas cooficiales existen actualmente en España y, concretamente, confirme si en España hay idiomas cooficiales adicionales a los mencionados por el Gobierno español en su carta (como es el caso del valenciano); y confirme si las lenguas declaradas cooficiales como son el catalán, el gallego, el euskera o el valenciano son cooficiales en todo el territorio español o lo son únicamente en sus respectivas regiones».

González Pons recuerda que si los servicios jurídicos ratifican –como no puede ser de otra forma- que estas lenguas solo fueran cooficiales en sus respectivos territorios, «aceptar la solicitud del Sr. Albares nos llevaría a la paradoja de que dichas lenguas fueran reconocidas como oficiales en la Unión Europea sin serlo en toda España».

En su escrito, el dirigente popular señala además que la existencia de «arreglos administrativos» en el seno de la Comisión y del Consejo, que permiten la traducción de sus documentos a las mencionadas lenguas, «no vincula la decisión que pueda tomar el Parlamento Europeo, en la medida en que nos encontramos ante instituciones comunitarias diferentes e independientes entre sí».

Lo mismo cabe decir, añade, respecto del hecho de que estas lenguas regionales hayan sido aceptadas como «lenguas de trabajo» en el Congreso y el Senado español; «la decisión adoptada por las autoridades nacionales no predetermina la decisión que se pueda adoptar a nivel comunitario por este Parlamento», recuerda.

El ninguneo al valenciano del Gobierno de Sánchez contrasta con el anuncio del mismo Ejecutivo, de creación de una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat Valenciana sobre la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa. Una decisión justificada en el rechazo de la administración central al artículo 14 de la norma, en la que se establece la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten, así como a otras dos disposiciones adicionales vinculadas a la exención del valenciano para alumnos y funcionarios que quieran ser profesores.