Los grandes retos del Consell para 2018

El Consell del Botánico afronta un 2018 con decenas de medidas por desarrollar, retos que afrontar y problemas que solucionar. Será un ejercicio clave, el último de gestión completa antes de las próximas elecciones autonómicas. También jugará un papel fundamental el Gobierno, competente en cuestiones vitales para los valencianos, desde la seguridad ciudadana hasta las políticas hídricas.

El deficiente estado de las infraestructuras judiciales, perfectamente retratado por el incendio que paralizó la Ciudad de la Justicia, y la amenaza del terrorismo yihadista en la Comunitat son dos de los grandes retos para Justicia e Interior en el año entrante. La necesidad de mejorar la infraestructura de la principal sede judicial de la Comunitat se suma a la ausencia de planes de emergencias o de detectores de metales en un sinfín de juzgados de la región, como denuncian los trabajadores. Por otro lado, la decena de arrestos de yihadistas en el último año en tierras valencianas constata la necesidad de aumentar la plantilla de agentes. Las Fuerzas de Seguridad tienen una carencia de unos 2.000 efectivos, según los sindicatos. Y mientras, por las costas llega la mayor avalancha de pateras jamás vista, medio centenar este año.

En el ámbito sanitario son varios los asuntos que están en el aire. Habrá que dar respuesta a las listas de espera, un aspecto que preocupa especialmente a los responsables de la conselleria. El verano pasado se anunció la puesta en marcha de un plan de operaciones en sábado y los efectos de la medida se podrán constatar en la oleada de datos correspondiente al primer trimestre de 2018. También es necesario aprobar el decreto que recoja el Plan de Ordenación de Recursos Humanos y ver cómo se resuelve la situación de la jubilación forzosa tras la resolución del Tribunal Supremo que tumbó el decreto sobre la materia.

Además, Sanidad tendrá que seguir adelante con la reactivación de la antigua Fe. Y está en marcha la reversión a la sanidad pública del Hospital de La Ribera, efectiva en abril. También se espera el decreto sobre la situación del personal.

Por su parte, el gran reto al que se enfrenta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es reducir la amplia lista de espera que, todavía hoy, existe en el ámbito de la dependencia. Cerca de 30.000 usuarios siguen pendientes de recibir alguna de las prestaciones previstas en la normativa. Para tratar de atajar la situación, el departamento de Oltra confía en que el nuevo modelo de valoración, delegado en los servicios sociales municipales, sirva para paliar unas esperas que preocupan cada vez más a los afectados. Poner en marcha la nueva Renta Valenciana de Inclusión, con su elevada mochila financiera -hasta 300 millones de euros- es otro proyecto estrella de la vicepresidenta Oltra, que también deberá aprovechar 2018 para salvar los escollos en la gestión de los centros de menores. Y sin olvidar el recurso interpuesto contra el decreto que regula la gestión de las residencias de mayores.

Hablar de los retos de Educación implica, en parte, volver al pasado. La conselleria confía en aprobar por fin su modelo plurilingüe, que se tramita en Les Corts tras los varapalos judiciales a su anterior normativa, y será el año del despegue del plan para dignificar las infraestructuras educativas. Además de actuar en centros viejos y deteriorados, se financiarán todas las actuaciones posibles para eliminar barracones.

Son dos cuestiones cruciales, piedras angulares de los programas electorales, en las que poco o nada se ha avanzado en la legislatura. Los colegios siguen aplicando los programas lingüísticos del PP y en cuanto a obras, con Edificant se quiere impulsar (y financiar) más de un centenar de colegios tras el fiasco del Mapa de Infraestructuras presentado en enero de 2016. La ley valenciana de educación, que ha quedado en segundo plano pese a que sentará las bases de la enseñanza en la Comunitat, y la mejora de las plantillas docentes, con ruido sindical de fondo ante su demora, son otros temas de importancia capital.

En el ámbito de las infraestructuras el ferrocarril seguirá siendo protagonista. El año debe traer el desarrollo del plan de Cercanías (dotado con 1.436,55 millones), ya que hay promesas de Fomento, como la electrificación de la C-3 o la duplicación de la vía entre Cullera y Gandia, que deberán comenzar a andar en vía administrativa. Y el corredor mediterráneo volverá a ser tema de debate. En esta ocasión no por retrasos en obras sino por la puesta en marcha del tercer carril entre Valencia y Castellón, en pruebas desde marzo y sin fecha todavía y que permitirá conectar Madrid y la capital de la Plana en Alta Velocidad, y de la variante de Vandellós, que servirá para acortar el tiempo de viaje con Barcelona en media hora.

En la parte que corresponde a la conselleria, el tema ferroviario lleva asociado el nombre de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Primero porque sigue abierto el conflicto laboral y segundo por la esperada reactivación de la T-2, cuyas proyectos constructivos tienen que redactarse este año.

El departamento que dirige María José Salvador también tendrá faena con la aprobación y aplicación de leyes impulsadas en los últimos años, como la de seguridad ferroviaria o la huerta (que ha generado el rechazo de los agricultores). En el capítulo de carreteras, al tercer carril de la V-21 se suman las ampliaciones proyectadas por Fomento en la V-30, la V-31 o el by-pass, propuestas ante las que el Consell y los municipios afectados han hecho frente común pidiendo proyectos más sostenibles.

El Ministerio y la Conselleria de Medio Ambiente acumulan varias asignaturas pendientes para 2018. El principal reto es la solución al problema hídrico de la Comunitat, agravado este año por la sequía. La escasez de lluvias ha evidenciado el fracaso de la política puesta en práctica durante los últimos años.

En cuanto a los incendios, la gestión del patrimonio forestal ha sido criticada por distintas entidades del sector en la Comunitat. Además, el departamento autonómico tiene pendiente la aprobación del Plan Integral de Residuos (PIR), que en un principio tendría que haber estado concluido en 2017, y las mejoras en la gestión de los parques naturales. Seis carecen del plan rector de usos y recursos (Prug) y otros 17 no tienen en vigor la legislación básica sobre prevención de incendios. La conselleria también debe impulsar la declaración de la Albufera como reserva de la biosfera.

1

Medio centenar de pateras han llegado en el último año a la Comunitat. Una cifra récord y sin precedentes que pone en dificultades no sólo a las Fuerzas de Seguridad: LAS PROVINCIAS ya denunció, dando voz a una reclamación de Save the Children, que la avalancha de menores extranjeros no acompañados pone en jaque a los ya saturados centros de menores. El Consell ya anunció al día siguiente la creación de más centros de internamiento. Pero el reto recae también sobre el Ministerio del Interior y las reclamaciones que realizan agentes de la Guardia Civil: patrulleras antiguas con las que vigilar los mares y necesidad de más radares en la costa del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE). Los radares se sitúan en Cabo Roig (Orihuela), el cabo de Santa Pola, Serra Helada (Benidorm) y el cabo de San Antonio (Dénia), aunque las embarcaciones han llegado por Alicante, Santa Pola, Torrevieja, Xàbia, Calpe...

2

Aunque con ausencia de células activas para llevar a cabo atentados terroristas, la proporción de arrestos de yihadistas en la Comunitat la siguen convirtiendo en una región con elevado nivel de alerta policial. En la última década, 102 personas han sido detenidas por su relación con el terrorismo islamista en España. En los últimos dos años, hasta 11 personas han caído por esta presunta actividad en la Comunitat. La cifra de detenciones por reclutamiento es mayor incluso que en Cataluña, lo que obliga a redoblar la vigilancia en la región. Y a la necesidad de inversiones: las Fuerzas de Seguridad no dejan de reclamar chalecos antibalas para todos los agentes y más formación especializada.

3

El incendio que paralizó durante más de dos semanas la Ciudad de la Justicia, obligó a suspender 2.500 juicios y dañó 3.000 expedientes no fue un simple siniestro. El fuego, del que aún no se han recuperado los ocho juzgados más afectados (no volverán a la normalidad por completo hasta abril) y con los juicios que no empezarán a retomarse hasta el 8 de enero, ha puesto sobre la mesa la palmaria falta de seguridad, revisiones y medidas de emergencia no sólo en el edificio emblema de la Justicia valenciana. Juzgados de municipios como Torrent, Ontinyent, Alzira, Nules y compañía «no tienen nada de nada», como denuncia el sindicato CSI-F. Ni salida de emergencias, ni arcos detectores de metales, con ausencia de alarmas antiincendios o con muebles de la basura utilizados para archivar causas. Son algunos de los graveslunares de la justiciaen la Comunitat.

4

Cada año la Comunitat pierde 140 policías nacionales por las jubilaciones. En las carreteras faltan más de 200 agentes para luchar contra la siniestralidad vial. En la Policía Local de Valencia, la más numerosa de la Comunitat, no entran nuevos efectivos desde 2010. Son algunas de las denuncias de sindicatos como el SUP, AUGC o el SPPLB. La carencia de agentes de las diferentes Fuerzas de Seguridad se situaría en más de 2.000, según las reivindicaciones sindicales. La delincuencia ha bajado en casi todos sus delitos en el último año en la Comunitat, pero lacras como los accidentes en carretera, la lucha contra el yihadismo o el ‘top manta’ hacen necesario un refuerzo en todos los ámbitos.

5

Con este titular denunció LAS PROVINCIAS hace un mes una serie de carencias del sistema de protección de las mujeres maltratadas que hoy siguen existiendo. Puntos de encuentro con riesgo y falta de vigilancia para las víctimas (señalado por el Síndic), falta de formación de policías y abogados o de sensibilidad de los jueces, o caída de las ayudas RAI son algunos de los agujeros que añaden sufrimiento a las mujeres golpeadas por el maltrato y que deben ser subsanados por la administración.

6

El Tribunal Supremo tumbó a mediados de diciembre el decreto de jubilación forzosa al rechazar el recurso que interpuso la Conselleria de Sanidad a la decisión del TSJ, dejando sin efecto la norma. La Administración autonómica tendrá que responder a esta situación que, según el sindicato CSI-F -que inició el camino judicial- llevará a que la conselleria tenga que readmitir a 300 profesionales afectados por la jubilación forzosa.

7

Una de las grandes asignaturas pendientes de la sanidad pública son las listas de espera para pasar por el quirófano, un registro que, conforme a los últimos datos -de septiembre- anotó un aumento de 16 días en la demora media hasta situarla en cuatro meses, 123 días. Además, también aumentó el número de pacientes que esperan más de seis meses (en septiembre de 2016 eran 12.133 pacientes y al cierre del mismo mes de 2017 esa cifra se situó en 15.541). El verano pasado Sanidad decidió ampliar el horario de intervenciones a los sábados por la mañana antes incluso de que se conocieran estos resultados y la próxima oleada de datos será la del primer trimestre de 2018.

8

El proyecto para reactivar La Fe de Campanar tiene señalados distintos plazos. Cada una de las fases de las actuaciones necesarias tiene prevista una fecha. Y varias de las citas se incluyen en la agenda de 2018.

La primera del nuevo año, para el primer trimestre, es la rehabilitación integral del antiguo edificio de investigación y laboratorios para convertirlos en servicio de emergencias sanitarias, SAMU y unidad de detección precoz del cáncer de mama. El inicio de las obras para las Urgencias 24 horas y centro de especialidades de alta resolución está previsto en el segundo semestre del año. Hay más actuaciones programadas para el nuevo ejercicio. Previamente se contemplaban en el tercer trimestre de 2017 las obras en el bloque recayente a la calle Joaquín Ballester y en cuarto trimestre del año que termina el calendario señala obras en el antiguo hospital derehabilitación.

9

Uno de los grandes retos de la Conselleria de Sanidad en 2018 es la reversión del Hospital de La Ribera al modelo de gestión directa. La decisión que adoptó la consellera Carmen Montón nada más llegar al despacho de Micer Mascó en este asunto comportaba no prorrogar la concesión a Ribera Salud para seguir gestionando el centro sanitario de Alzira. La finalización del modelo tiene fecha señalada: el 31 de marzo de 2018. Quedan tres meses.

Desde que se dio a conocer la apuesta varios acontecimientos han jalonado el camino hacia la reconversión y que requieren su gestión para llegar a la meta. Una cuestión a resolver es la situación laboral en la que quedarán los trabajadores del Hospital de la Ribera cuando se produzca la reversión. La mesa técnica, que reúne a la Administración y a los sindicatos, en noviembre empezó a trabajar sobre un borrador de decreto.

10

Entre los frentes que siguen abiertos en el ámbito de la gestión sanitaria se encuentra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH). Este documento, del que dependen asuntos como la planificación del personal y la solución a la jubilación forzosa, está aprobado por sindicatos y Administración desde marzo, pero todavía está pendiente de un decreto. El PORH se redactó para el periodo 2017-2019. En noviembre la consellera afirmó que estaría aprobado «en breve», con la finalización de los trámites que requiere. Cuando el documento esté vigente, según Montón, «podremos tener medidas a nuestro alcance para mejorar» en el territorio de la disponibilidad de facultativos.

11

Incrementar el acogimiento familiar de menores tutelados por la Generalitat para tratar de vaciar los saturados centros de protección es uno de los principales retos a los que se enfrenta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Además, también deben mejorar los trámites para reducir las esperas de los padres que quieren adoptar, que por ahora siguen eternizándose. Las familias de ambos ámbitos siguen reclamando mejoras.

12

La gestión de las residencias de ancianos será uno de los quebraderos de la conselleria de 2018. Si prospera el recurso interpuesto por la patronal (Aerte) contra el decreto del concierto social, que sólo abre el nuevo modelo a las entidades sin ánimo de lucro y excluye a las empresas privadas, el departamento de Oltra verá, como mínimo, retrasada la puesta en marcha del proyecto, al igual que se retrasó el concurso de las 3.300 plazas.

13

Terminar con la lista de espera en dependencia será, posiblemente, el principal reto al que se enfrente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en 2018. El departamento que dirige Mónica Oltra ha cerrado el curso con cerca de 30.000 dependientes que todavía no han recibido ninguna de las ayudas previstas por la normativa, una cifra prácticamente idéntica a la registrada hace un año. Igualdad achaca esta situación al aluvión de nuevas solicitudes recibidas a lo largo del ejercicio y confía solventar el problema con el nuevo sistema, en el que los equipos municipales de servicios sociales serán los encargados de realizar las valoraciones de los dependientes y, de esta forma, agilizar los trámites lo máximo posible. Sin embargo, los afectados empiezan ya a impacientarse y las plataformas ya han avisado de que es una de sus principales preocupaciones, dado que el tiempo pasa y la lista de espera sigue sin bajar.

14

El que posiblemente sea el proyecto estrella de la conselleria, la denominada Renta Valenciana de Inclusión, está previsto que comience a ser una realidad este año que ahora comienza. La iniciativa incrementa las ayudas previstas en la actual renta de ciudadanía y, especialmente, aumenta el espectro de posibles beneficiarios, incluso a inmigrantes sin papeles, personas con trabajo precario o jubilados con pensiones bajas. Estos cambios harán que el dinero que el Consell deberá destinar para cubrir estas ayudas tenga que aumentar exponencialmente hasta los cerca de 300 millones de euros para la aplicación de la última fase, en 2020. Cómo afectará a las maltrechas arcas autonómicas esta situación y si la conselleria podrá mantener su compromiso son las grandes incógnitas que se ciernen sobre la nueva renta, así como si provocará un efecto llamada hacia personas de otras regiones que se desplacen a la Comunitat.

15

La gestión de los centros de menores, especialmente los públicos de atención directa, ha sido una de las cuestiones que más críticas le ha acarreado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, especialmente el de Monteolivete, trasladado en verano a Buñol. Las deficiencias detectadas hicieron necesaria la intervención de la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y el Síndic de Greuges. Ahora, el reto del departamento de Oltra es que estos problemas no vuelvan a reproducirse.

16

El fracaso del Mapa de Infraestructuras Educativas de 2016, cuyo grado de cumplimiento ha llegado a un discreto 40%, ha provocado la reacción de la conselleria, que ha optado por la cesión de competencias a los ayuntamientos que quieran implicarse. El objetivo es que tramiten las obras mientras que el Consell asume los costes. Así se evita el cuello de botella que supone tener un único organismo de contratación para tantas necesidades. Para 2018 Educación se ha comprometido a impulsar más de cien actuaciones.

17

Todos los sindicatos docentes han reclamado a la conselleria la negociación de las nuevas plantillas, recortadas por el gobierno anterior en plena crisis. El objetivo es que los centros ganen personal estructural o definitivo, revertiendo el ajuste que implicó la eliminación de puestos de tutores en todos los colegios. La negociación llegará este año (pese a prometerse en el 2015-2016), pero sólo afectará a Infantil y Primaria. Los centros de Secundaria tendrán que esperar.

18

Eclipsada por otros debates en relación a la enseñanza, la Ley Integral Valenciana de Educación (Live) debe sentar las bases del sistema para los próximos años. Aunque estará marcada por lo que se decida en el ámbito estatal, puede servir para fijar objetivos de base, como los relacionados con la inversión mínima a nivel autonómico o con planes para combatir el fracaso escolar. Su tramitación llegará este año, y en enero se prevé la organización de una comisión de participación en Les Corts. Sólo se ha avanzado en la recopilación de sugerencias de la comunidad educativa.

19

En julio de 2017 los rectores de las universidades públicas y el Consell acordaron una serie de mejoras en relación a las tasas universitarias (que bajarán de nuevo el año que viene) y las retribuciones del PAS. El aspecto que quedó más abierto, la revisión de la financiación universitaria, cobrará importancia en 2018, pues los rectores, que llevan años levantando la voz, esperan que ya se haya cerrado el nuevo modelo plurianual, a ser posible a través de una ley autonómica. Aspiran a un montante que ronde los 800 millones que se mantenga estable en los próximos ejercicios y a que la distribución tenga en cuenta factores variables como el impacto investigador o la internacionalización.

El Consell se ha comprometido a estudiarlo, disconforme con los 650 millones que entrega actualmente a las cinco universidades, aunque lo fía todo a la revisión del modelo de financiación autonómica, que se prevé larga y compleja.

20

El anteproyecto de ley de plurilingüismo que abanderan los partidos del Botánico prevé la entrada en vigor del nuevo modelo en el curso 2018-2019, aunque antes debe tramitarse en Les Corts y concretarse posteriormente con órdenes e instrucciones para los aspectos específicos. La vía parlamentaria supone la salida más honrosa para una conselleria que ha visto como los tribunales frenaban su intento inicial a través de un decreto que quedó suspendido cautelarmente, sufrió la anulación de una disposición adicional por ser contraria al derecho a la igualdad y dejó fracturada a la comunidad educativa. La nueva ley da margen para que los centros decidan la carga horaria en cada lengua dentro de unos mínimos y máximos y aunque no vincula el peso del inglés con el del valenciano, sí fomentará con incentivos que los colegios apuesten por la lengua propia.

21

Uno de los retos que tiene la Conselleria de Obras Públicas sobre la mesa lleva asociado el nombre de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Por un lado, figura el proyecto de reactivación de la línea T2, anunciado en junio y del que, hasta ahora, sólo se ha conocido la ubicación de los talleres provisionales ya que los presupuestos apenas contemplan un millón de euros para las obras de reanudación.

Por otro, el conflicto con los sindicatos por la huelga del personal de conducción y circulación. El principio de acuerdo para desconvocar los paros debe ser ratificado el día 3 aunque empresa y trabajadores mantienen abierto el conflicto en el tranvía (línea 4) por la falta de plantilla y las condiciones laborales.

22

a conselleria que dirige María José Salvador se enfrentará al aterrizaje de las nuevas leyes impulsadas en los dos últimos años. Son las normativas sobre el litoral (Pativel) o la huerta (PAT), que han generado rechazo durante su tramitación en sectores como promotores y agricultores. En el caso de la Ley por la Función Social de la Vivienda habrá que ver cómo se resuelve el recurso de inconstitucionalidad admitido por el Tribunal Constitucional.

23

Presentado hace unas semanas, el nuevo plan de Cercanías de la Comunitat contempla un horizonte de actuaciones hasta 2025, ya que algunas incluyen informes de impacto ambiental. No obstante, usuarios y municipios esperan que a lo largo de 2018 el Ministerio de Fomento ponga a rodar el ferroviario mediante la redacción o licitación de proyectos como la electrificación de la C-3 o la duplicación del tramo Cullera-Gandia.

24

El nuevo año vendrá marcado por varios proyectos de ampliación o duplicación en carreteras, que, si los anuncios de Fomento se cumplen, avanzarán en su tramitación administrativa. Entre ellos figuran la V-30, la Pista de Silla, el by-pass o la N-220. Infraestructuras que, sin embargo, están en el punto de mira del Consell y de los municipios afectados por responder a una política de movilidad que consideran obsoleta. Llegar a acuerdos donde la voz principal sea la de los técnicos, como piden desde la Cámara de Contratistas, debe ser uno de los objetivos de las administraciones.

Hay otros proyectos, como el paso inferior para conectar la V-30 con la A-3 o el tercer carril de la V-21 que deberán finalizar o comenzar las obras. En el caso de la conselleria, está pendiente la conclusión de la redacción de los planes de movilidad y que se definan las prioridades en infraestructuras hasta 2030.

25

La puesta en marcha del tercer carril entre Valencia y Castellón o la entrada en servicio de la variante entre Vandellós y Barcelona son los hitos del corredor mediterráneo que se esperan para 2018. En el primer caso, permitirá la conexión en AVE entre la capital de la Plana y Madrid; con el segundo se logrará acortar media hora el tiempo de viaje entre Valencia y Barcelona, que ronda las tres horas. Un avance que supondrá un respiro para los miles de usuarios de esta conexión ferroviaria, que han sufrido retrasos y cortes en los últimos años por las obras del corredor. Además, se encarará la recta final de los trabajos entre Valencia y La Encina, donde habrá que esperar a 2019 para su finalización. Al corredor mediterráneo se le sumarán las actuaciones, como la supresión de limitaciones de velocidad, en el tren a Zargoza, donde Fomentose comprometió a invertir 335 milloneshasta 2020.

26

La falta de recursos hídricos en la Comunitat, agravada este año por la sequía, es la gran asignatura pendiente tanto para el Ministerio de Medio Ambiente como para la conselleria. Las cuencas hidrográficas del Júcar y Segura son las que se encuentan en peor estado de toda España. La falta de agua ha golpeado a la Comunitat con especial dureza y ha dejado en evidencia las carencias de la política hídrica de los últimos años. Por un lado, el trasvase Tajo-Segura, del que viven los regadíos del sur de la Comunitat, está siendo atacado por la Castilla-La Mancha. Por otro, la autonomía presenta un déficit estructural hídrico que requiere soluciones de forma inmediata. El ministerio está tratando de elaborar de un pacto de Estado sobre el agua, pero las partes implicadas reclaman más celeridad. 2018 se presenta como un año clave y la Comunitat Valenciana no puede esperar más tiempo.

27

La Conselleria de Medio Ambiente no ha concluido la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR), pese a que tenía previsto finalizar los trabajos en 2017 por lo que se convierte en una prioridad para 2018. El documento es básico para la política de residuos en la Comunitat, ya que establece una solución para atender la eliminación y valorización de las basuras en cada una de las zonas territoriales marcadas. El programa tiene un marco temporal de 2016-2020 y pretende recoger la nueva normativa europea y estatal. Entre otras condiciones se incluirá que sólo se podrá enviar a vertederos el 20% de las basuras o la implantación de reducciones en las tasas a aquellos que más residuos reciclen.

28

La gestión forestal es una de las asignaturas pendientes de la conselleria y ha sido objeto de numerosas críticas por parte del sector. La situación no parece que vaya a mejorar, ya que Medio Ambiente invertirá en 2018 un 17,9% menos que durante el actual ejercicio. Desde entidades como la Plataforma Forestal Valenciana se piden más actuaciones centradas en la conservación del patrimonio forestal. En este sentido, demandan intervenciones que, además, eviten la despoblación del interior de la Comunitat. En cuanto a la prevención de incendios se reclama la construcción de más infraestructuras como torres vigía en los montes o depósitos para que reposten los serviciosde extinción.

29

A fines de 2017 la Conselleria de Medio Ambiente presentó el borrador de la estrategia ante el cambio climático. Lo hizo con retraso y sin tener en cuenta el documento que ya existía con anterioridad. Al departamento que dirige Cebrián apenas le queda año y medio para presentar el documento definitivo. Además, la conselleria ha visto como dimitía un miembro del consejo asesor por la inactividad delorganismo.

30

La Conselleria de Medio Ambiente tardó casi dos años en completar el nombramiento de los directores de los parques naturales. Esta demora ha hecho que la gestión en esta materia sea prácticamente inexistente. Pero, además, la legislación de algunos de estos parajes está todavía incompleta. Seis carecen de Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG): Turia, Marjal Pego-Oliva, Sierra Gelada, Penyagolosa, Sot de Chera y Pobla de San Miquel. Diecisiete parques llevan, además, más de un año con el preceptivo plan de prevención de incendios forestales caducado. También tiene pendiente el impulso a la candidatura de la Albufera comoreserva de la biosferade la Unesco.