Las grandes tragedias se eternizan en los juzgados

Todos los consultados hasta la fecha sostienen que será complicado que la investigación conduzca a responsables penales. Pero eso no significa que las víctimas, especialmente los fallecidos, busquen un culpable, aunque sea un responsable civil, para reclamar una indemnización por las muertes y las propiedades perdidas.

Fuentes judiciales sostienen que las responsabilidades civiles han prescrito. La ley de Ordenación de la Edificación establece un periodo de diez años para reclamar al arquitecto, promotor… Y ese tiempo se agotó. El derecho de cada propietario a la acción individual, reclamar por la compra de algo, en este caso el piso, que no ha resultado como se prometió, también caduca, desde 2015, a los cinco años. Al margen de ese procedimiento, cada asegurado puede reclamar a su seguro si no está de acuerdo con los pagos y la compañía repercutir sobre las otras. Estos asuntos resultan de tal complejidad que el ICAV pretende organizar una jornada de formación para los letrados que se van a ver inmersos en este procedimiento.

La mayor de las tragedias en la Comunitat. 43 muertos y 47 heridos. El siniestro se produjo en 2006, pero no se resolvió hasta el 2020. Y la decisión final no estuvo exenta de polémica. No fue un problema de indemnizaciones, abonadas en los primeros meses tras la tragedia. La investigación inicial se archivó con el visto bueno de la Fiscalía. Tras un programa de Salvados (La Sexta), el ministerio fiscal reclamó su reapertura al apreciar nuevos y reveladores datos. Al final, fue la Audiencia la que ordenó una nueva investigación. Desde entonces, se estableció un fuerte pulso entre la juez instructora y diferentes responsables de la Fiscalía. La primera nunca vio delito. La Fiscalía, al principio, tampoco. Pero cambió luego de criterio. Todo terminó en una conformidad (22 meses de cárcel para cuatro responsables) y con la retirada de la acusación para el resto, entre ellos, la máxima dirigente de FGV, Marisa Gracia. Una condena de mínimos tras 14 años de procedimiento.

El suceso, por el número de afectados, es el que más se asemeja al del incendio de Campanar. La explosión de una furgoneta, cargada con material pirotécnico, dejó 17 heridos y más de 300 perjudicados con desperfectos en viviendas, plantas bajas o vehículos. En 2014, la Audiencia confirmó la absolución del expresidente de la comisión y del pirotécnico a los que la Fiscalía pedía penas de prisión por delitos de lesiones y daños. El asunto, sin embargo, no se cerró hasta 2020. Fue entonces cuando los perjudicados y las aseguradoras llegaron a un acuerdo y aceptaron estas el pago de 1,1 millones para los perjudicados, vecinos de la zona, entre ellos, varios falleros. La gran cantidad de pólvora en el vehículo y el hecho de que se produjera en plenas Fallas eran dos circunstancias que hicieron pensar en una tragedia de dimensiones similares a la del metro. Por suerte, no hubo que lamentar víctimas mortales.

El Tribunal Superior de Justicia rechazó en 2013 que el Ayuntamiento de Todolella y la Generalitat tuvieran que indemnizar a los familiares de 13 de los 18 jóvenes fallecidos en febrero de 2005 en el albergue de Sant Cristòfol. El Supremo confirmó la decisión un año más tarde. Sostenían que las malas condiciones de la instalación recreativa incidieron en la tragedia. Pero la Justicia había determinado que las muertes ocurrieron como consecuencia de la instalación indebida por parte de los participantes en la fiesta de unas estufas industriales en una estancia que usaron como dormitorio. Nunca se aclaró quién llevó allí los aparatos.

Uno de los capítulos más tristes de la historia medioambiental de la Comunitat. Ocurrió en 2012 y se cerró en abril de 2021. Diez meses de prisión y 1.400 euros a dos instaladores de placas solares por el incendio forestal más importante del siglo en España, el de Cortes de Pallás. Arrasó casi 30.000 hectáreas de doce municipios. A nivel judicial se saldó con un acuerdo de conformidad con los dos acusados. Pero quizá eso no fuera lo más importante. Los dos operarios debían responder conjuntamente de los daños millonarios que generó el fuego, con más de medio millar de damnificados -localizar a los propietarios siempre fue una tarea laboriosa- entre los que se encuentra la Generalitat, particulares, empresas o aseguradoras que ya habían pagado desperfectos a los afectados. La aseguradora de la empresa -extinguida ya en ese momento- disponía de una póliza en el momento del incendio de 748.000 euros. Así pues, la mayoría de los daños del desastre forestal quedaron sin resarcir. Algo más de seis millones sin cubrir.

Todo se inició con el cortocircuito causado por una regleta en la que había, al parecer, demasiados aparatos eléctricos enchufados. Las consecuencias fueron letales para nueve internos de la residencia del total de 81 residentes. Las llamas afectaron 14 habitaciones, todas ellas situadas en el ala del geriátrico donde se alojaban precisamente las personas que presentaban mayores problemas de movilidad. La causa, dos años después, no se dirige contra nadie. De momento, todo se concentra en diferentes testificales. La juez quiere aclarar si existen indicios suficientes de criminalidad por parte de algún responsable o, en caso contrario, decretar el archivo de la causa. Estamos precisamente en ese periodo. Todo apunta a un sobreseimiento. Parte de las indemnizaciones ya han llegado a los afectados a través del respectivo seguro. Pero existía una disparidad de criterio entre seguros. La residencia quiere pagar la mitad y que del resto se haga cargo la póliza de la empresa de mantenimiento.

Una de las emergencias más recientes. Un tren con medio centenar de pasajeros se adentró en pleno incendio forestal porque se produjo un fallo de comunicación entre Emergencias y Adif, según apuntan los informes policiales. Las víctimas, cerca de una veintena, sufrieron quemaduras de distinta gravedad. Todavía no han cobrado la indemnización. La juez imputó a cuatro responsables y, a continuación, archivó la causa para que no avanzaran los plazos. Lleva un año y medio a la espera de recibir un informe de la Guardia Civil. De hecho, el hartazgo comienza a ser evidente. Esta semana envío un recordatorio a los agentes de qué ha ocurrido con el dosier que se les encomendó. No se trata de un trabajo, en teoría, demasiado complicado. Consiste en saber si se enviaron fotografías del fuego a través de una aplicación de mensajes.