Los grupos del Botánico ven válido el voto delegado para aprobar la ley del Juego

Los ponentes de la Ley del Juego del Botánico, José Muñoz (PSPV), Graciela Ferrer (Compromís) y Ferran Martínez (Podemos) comparecieron ayer en rueda de prensa tras el incremento de la presión por parte de los empresarios del sector para forzar un aplazamiento de la tramitación de la ley, que se votará mañana en Les Corts. Además, también en las últimas horas, se han planteado dudas acerca del método elegido en el Parlamento para aprobar la norma donde cada síndic votará en representación del resto de diputados de su grupo.

Esta medida, acordada por la Mesa y la Junta de Síndics, no está exenta de cierta controversia. Un informe del catedrático de Derecho Constitucional Vicente Garrido pone en duda la validez de esta fórmula «que suele ser considerada como contraria al principio constitucional de personalización e indelegabilidad del voto parlamentario que se prevé en los Reglamentos de las Cámaras. De hecho, a raíz de ese dosier, el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha preguntado a los diputados si ven alguna vulneración de sus derechos.

Fuentes de la Cámara explicaron ayer que no habían recibido objeciones de ningún parlamentario, pero que el sistema se iba a decidir el mismo lunes, minutos antes de la votación. Vicente Garrido, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, insistió en que se trata de una «barbaridad» y un «despropósito» -ningún Parlamento lo tiene para los plenos- y alertó de posibles recursos de inconstitucionalidad nada más se aplique la norma. Pero, además, políticamente tampoco tiene buena prensa. «Mucha gente puede pensar, pues que decidan los portavoces, pero nos ahorramos al resto de diputados». Si el temor de una votación es el contagio, Les Corts se pueden trasladar a otro lugar más amplio donde se garanticen las distancias de seguridad, apuntó el experto.

El trío de responsables políticos que compareció ayer, en líneas generales, defendió la conveniencia de ese recurso, «perfectamente válido» y se mostraron partidarios de ese mecanismo para asegurar la votación del lunes. El diputado del PSPV indicó que les da igual el método siempre que se garantice la legalidad. Criticó que el informe que pone en duda este método ha sido encargado por la patronal del juego. Esto fue utilizado por el líder socialista para desacreditar sus conclusiones al margen de un debate jurídico.

Muñoz destacó que la ley ahora es si cabe más urgente por la crisis económica. «Hemos mantenido infinidad de reuniones con el sector y hemos aceptado algunas de sus peticiones», adelantó como muestra de la búsqueda de un consenso. Quiso reivindicar su voluntad de diálogo para proteger a la hostelería. El dirigente insistió en que no se destruirán puestos de trabajo y recordó que existe una moratoria de 12 meses para establecer el control de las máquinas a través de un mando a distancia.

El diputado indicó que las concesiones administrativas que ya se han otorgado se ajustarán a la ley anterior y sólo cuando estas finalicen, sólo 52 de los 512 salones terminan en los próximos tres años, se deberán adaptar a la modificación legislativa. Una de las principales obligaciones será que estos establecimientos deberán estar a 850 metros de cualquier colegio o zona sanitaria y al menos tener una distancia de medio kilómetro entre ellos. Esto complicará, sin duda, la presencia de estos establecimientos en núcleos urbanos.

El representante de Podemos, por su parte, anunció que mantendrán la iniciativa pese a la campaña en contra que se ha montado sustentada con «informaciones falsas» o «datos incorrectos». Martínez argumentó la necesidad de la nueva norma en el incremento de salones y problemas de ludopatía en la población más joven. Por ejemplo, en esa campaña de presión, el dirigente criticó el mensaje de que el control de las máquinas tragaperras, como en su día se hizo con la venta y consumo de tabaco, supondrá la pérdida de numerosos puestos de trabajo.

La responsable de Compromís, Graciela Ferrer, fue en la misma línea. La diputada recordó que uno de los objetivos es proteger a la población más joven de la ludopatía, reto ahora más necesario ante la crisis económica. Del mismo modo, se felicitó por todas las medidas de prevención que incluirá la norma.