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Los grupos de Les Corts Valencianes tratan de ganar tiempo para no rendir cuentas a lo largo de esta legislatura de los más de 14 millones de euros de subvención que se han repartido en estos cuatro años. Los portavoces parlamentarios instan al presidente de la Cámara, Enric Morera, a que presente un nuevo modelo de fiscalización pero ningún partido da un paso al frente para abordar este asunto con la firmeza que merece. De hecho, los grupos del Parlamento valenciano, con su actitud, ignoran el informe que el pasado 12 de abril aprobó el Congreso de los Diputados -180 votos a favor, 130 en contra y 27 abstenciones- para aumentar la fiscalización sobre las ayudas que reciben los partidos de sus grupos parlamentarios. Una propuesta que defendió en la tribuna el diputado valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó, miembro de la comisión para la calidad democrática y contra la corrupción.
El documento fue elaborado por la subcomisión relativa al régimen y la financiación de los partidos políticos y recoge 75 recetas para mejorar la transparencia de las formaciones políticas. El apartado 29, al final del párrafo, realiza la siguiente recomendación: «Se propone ampliar en las leyes del apartado de fiscalización y rendición de cuentas de los grupos parlamentarios en todos los niveles territoriales».
Esta propuesta se aproxima a la recomendación que realiza en su último informe la Sindicatura de Comptes sobre la necesidad de ejercer un mayor control sobre el destino de la subvención de dinero público que reciben los grupos de Les Corts Valencianes. Un reparto de 3,5 millones de euros anuales y que están envueltos en una opacidad que disgusta al mismo presidente de Les Corts, Enric Morera. El informe del Congreso incide en que uno de los grandes problemas para aclarar la financiación de los partidos políticos es el relativo a las ayudas públicas que ingresan y que se recoge en el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos. «Reciben subvenciones que se rigen por regulaciones diferentes y no siempre es posible conocer con exactitud su origen, cuantía o si están destinadas a un fin específico», señala el informe de la comisión.
El Congreso, al aprobar el documento, invita a los partidos a abrir una reflexión para ordenar la recepción de las ayudas «y la nueva legislación sobre partidos políticos debería exigir que todas estas subvenciones se rigieran por unos principios comunes que facilitaran su control».
En Les Corts Valencianes los grupos hacen un uso heterogéneo de la ayuda millonaria que se reparte cada legislatura. El grupo socialista asegura que entrega todo el dinero al partido mientras que otros portavoces señalan que sólo dan una parte. Lo que nadie aclara es cómo se fiscaliza esa cantidad ni aportan las facturas que justifiquen los gastos. Una de las recomendaciones de la comisión contra la corrupción es que todas las instituciones públicas, como es el caso de Les Corts Valencianes, entreguen al Tribunal de Cuentas toda la información relativa a la subvención que aportan a los grupos. La propuesta es detallar la cuantía, el destinatario, el fin al que están vinculadas y el órgano o persona concreta que las ha recibido. «Además de incrementarse la transparencia en torno a estas subvenciones se facilitará la consolidación de la contabilidad de las formaciones políticas. La futura legislación debería unificar la regulación jurídica de estas subvenciones, estableciendo de manera precisa los fines que pueden darse a estas aportaciones y los requisitos para su obtención», señala el informe de una comisión ante la que comparecieron catedráticos, profesores y presidentes de órganos fiscalizadores, como el Tribunal de Cuentas. Morera quiere ampliar en Les Corts el modelo para que los grupos rindan cuentas, con el objetivo de que entreguen las facturas y la Sindicatura pueda fiscalizar cada uno de los gastos realizados con la subvención.
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