El PP guarda silencio sobre su diputado procesado por violencia de género un día después de pedir el cese de Rodríguez

La presión se puede trasladar en apenas 24 horas de un bando a otro. O igualar, que es exactamente lo que ha ocurrido en este caso. Carlos Gil, diputado provincial del PP, ha sido procesado por un delito de violencia de género tras un supuesto episodio violento que presenció, además, una menor de edad.

LAS PROVINCIAS contactó ayer con el grupo popular en la Diputación para averiguar si tras este cierre de la investigación en el que la jueza ha encontrado indicios delictivos, el presidente de los populares, Vicente Mompó, barajaba o se había planteado ya alguna medida para sugerir a Gil que debe de dar un paso al lado y dejar su puesto en la Diputación, algo que depende únicamente del afectado.

De momento, no hay indicaciones al cargo popular. Es más, el PP parece que trata de ganar algo de tiempo antes de adoptar alguna decisión de mayor calado. En este sentido, fuentes oficiales de los populares remitieron al próximo escrito de calificación para conocer la posición definitiva de la Fiscalía en este asunto. Lo más probable es que pida la apertura de juicio y que acuse a Gil de un delito de violencia de género, pero en las filas populares aún conservan alguna esperanza en que el ministerio público no vea indicios de delito. A eso se aferra Mompó para acogerse al silencio en un asunto de extrema gravedad.

Pero la callada del líder de los populares se antoja ahora más extraña porque sólo hace 24 horas reclamó la dimisión de Jorge Rodríguez como alcalde de Ontinyent tras conocerse su procesamiento en el caso Alquería. La exigencia de ejemplaridad a las filas socialistas no parece interiorizada con igual intensidad en la propia organización.

Desde el Partido Popular recordaron que desde el mismo momento en el que se conoció la noticia, el partido le abrió un expediente informativo que en el momento que se le abra juicio oral –el siguiente paso al que las acusaciones presenten sus escritos– se transformará en un expediente gubernativo. Y en el caso de una condena y que esta sea firme se procederá a la expulsión del partido. Sin embargo, todo esto es a nivel orgánico, quizá lo menos importante. Son sus cargos de diputado y de alcalde de Benavites, los que se traducen en una retribución económica.

Mompó lamentaba hace tan sólo 24 horas las consecuencias del caso Alquería para una institución como la Diputación de Valencia con el procesamiento del expresidente Jorge Rodríguez, su núcleo de colaboradores y los directivos colocados en Divalterra por ser afines al PSPV y Compromís. El líder popular reflexionaba sobre la "mala imagen que transmiten estas actitudes hacia la ciudadanía". De igual modo reclamaba "contundencia" para que ninguno de los altos cargos procesados continúe 'viviendo' de un sueldo público. En cambio, con Carlos Gil no encuentra problema en ser condescendiente.