La Guardia Civil acorrala a Francis Puig en la justificación de las ayudas

El exhaustivo trabajo de los agentes, más de 400 folios, plantea todo un reguero de dudas acerca del proceder de los empresarios. Material en castellano que se aporta para justificar una subvención al fomento del valenciano, facturas que constan en los expedientes, pero no en el archivo de los proveedores, documentación por un mismo servicio que se aporta para la Generalitat catalana y la valenciana, es decir, que se subvencionaron doble.

De igual modo, destacan los agentes que parte del material analizado no coincide su fecha de elaboración con la de la facturación o incluso transcurren varios meses. Demasiadas sospechas de facturación falsa o ficticia alrededor del hermano del que fue máximo dirigente de la Comunitat y que precisamente obtenía cuantiosos fondos de la Administración en manos del Botánico.

Por ejemplo, de la empresa Sertec, informaron que sólo facturaron a Comunicació dels Ports en el ejercicio 2016 cuando instalaron unos aparatos de aire acondicionado. Sin embargo, la mercantil presentó facturas de otros cuatro ejercicios para respaldar el pago de las ayudas públicas, según se desprende de las conclusiones de los investigadores.

Otro de los epígrafes llamativos del trabajo policial responde a la empresa NRD Multimedia. La firma de Francis Puig dispone de dos facturas por el mismo importe y el mismo servicio, pero que se utilizaron para obtener subvenciones a la Generalitat catalana y a la valenciana. Es decir, se recurrió a un mismo gasto para que fuera subvencionado dos veces, destacan los agentes. Esto es una operación que la ley no permite.

Los especialistas ponen el foco en Canal Maestrat, una de las firmas que forman parte del entramado bajo sospecha y que también cruzó facturas con Comunicació dels Ports. Entre las facturas requeridas a esa mercantil destaca una donde aparece una cuña de radio en la que no se menciona a la empresa de Francis Puig, pero, además, está grabada en castellano. Los agentes se sorprenden de que esto pueda incluirse en una cuenta justificativa de emisoras privadas para la difusión del catalán o el aranés. En resumen, este es uno de los grandes reproches del informe de los agentes que no llegan a comprender cómo existe material en otra lengua o archivos de sonidos para justificar subvenciones al fomento del valenciano.

Los investigadores lamentan, igualmente, la falta de contratos de las principales mercantiles con Comunicación dels Ports. Esto también dificulta las pesquisas de los investigadores porque no pueden establecer de manera fehaciente que el concepto de las facturas se ajusta al material aportado por las mercantiles.

Los especialistas de la Benemérita subrayan un hecho sospechoso. En numerosas piezas informativas por las que supuestamente Comunicació dels Ports factura a Mas Mut no aparece ningún logotipo de estas empresas. Todo lo contrario. Los agentes se sorprenden porque lo que se observa continuamente es la marca de Terres de l'Ebre, una televisión local. Aparte de que todas las noticias, salvo una de Morella, se corresponden con localidades de Cataluña.

No todas las mercantiles han colaborado a los requerimientos de los investigadores. Algunas empresas no han contestado o bien lo han hecho de manera incompleta porque carecen de más soportes documentales. Entre la primera opción se encuentra, por ejemplo, la asociación de empresarios Matarraña.

Esta pericial resultará clave para el devenir del procedimiento. El juez que inició la instrucción del caso pidió su traslado a otro juzgado hace unos meses. Sorprende que el cambio fuera a otro órgano de instrucción. Desde algunos ámbitos se atribuye esta decisión a algunos errores que se han producido en el juzgado como el hecho de que se prorrogara la causa sin dar traslado a las defensas. Una situación que la Audiencia anuló posteriormente y que ha supuesto acotar la instrucción a lo que estaba ya acordado. No hay, sin embargo, posibilidad de nuevas diligencias. Y esto es una de las circunstancias que ahogan la instrucción actual.

No es la primera vez que un dosier judicial cuestiona el modo de proceder de todo el entramado empresarial. La Intervención ya alertó en su momento que al menos 67.000 euros fueron erróneamente subvencionados. Los especialistas aclararon, no obstante, que ellos no analizaban si el gasto responde a una realidad o no porque carecen de material para comprobarlo. La Intervención puso el foco en si esos gastos podían o no ser subvencionados. Y de su exhaustivo análisis concluyeron que el denominado cártel de las productoras recibió unos 67.000 euros de «manera indebida».