La Guardia Civil pide al juez que declare secreta la investigación a Francis Puig

La Guardia Civil ha pedido al juzgado que instruye las ayudas a Francis Puig y a sus socios que declare secreta la investigación. Esto supondría que sólo la Fiscalía Anticorrupción, el titular del órgano y evidentemente los propios agentes encargados de las actuaciones conocerían el avance de las pesquisas. Los investigados, entre ellos el hermano del presidente de la Generalitat y sus colaboradores en el entramado financiero ideado para la captación de ayudas al fomento del valenciano, se quedarían sin información de la causa.

El secreto de las actuaciones es una medida excepcional que sólo se puede acordar en aquellos supuestos en los que el conocimiento de la causa podría perjudicar o entorpecer el resultado de la investigación o para proteger la integridad de una persona.

Lo habitual es que sea la fiscalía la que solicite el secreto de las actuaciones y en estos supuestos suele hacerlo cuando se inicia una investigación, aunque se puede decretar en cualquier momento de la instrucción del asunto.

Así ocurrió recientemente, por ejemplo, con el caso que mantiene investigado a Eduardo Zaplana por cobro de comisiones. Cuando se declara una pieza secreta también resulta frecuente la práctica de detenciones, registros e intervenciones telefónicas. Se hace de esta forma porque carecería de sentido que los abogados de los investigados supieran que sus clientes tienen los teléfonos pinchados o que se va a registrar un domicilio o empresa en el que almacenan información de carácter sensible.

La Guardia Civil subraya la importante exposición mediática que tienen estas diligencias como, por otra parte, resulta lógico al tratarse del hermano de un presidente de la Generalitat que obtuvo subvenciones públicas para el fomento del valenciano con supuestas irregularidades. Los agentes citan medios de comunicación que se hacen eco de la investigación. Esta publicidad, según los expertos de la Benemérita, puede perjudicar el desarrollo de las pesquisas. Por ejemplo, que alguien al conocer que se va a pedir información a un determinado organismo decidiera destruirla o esconderla.

Anticorrupción solicitó hace meses la colaboración de los agentes ante la enorme cantidad de documentación y diligencias que practicar. Entre ellas, acudir a la Conselleria de Educación a recopilar expedientes para la elaboración del correspondiente informe.

La causa arrancó con una denuncia inicial del PP acerca de determinadas ayudas. Fruto de esa documentación inicial se procedió a la imputación del director de política lingüística, Rubén Trenzano, y del propio Francis Puig. Todo gira alrededor del grupo mediático del hermano de Puig compuesto por las productoras Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports. Existen indicios de que las empresas del mismo grupo incluyeron los mismos gastos para obtener subvenciones de la Generalitat, algo que la ley prohíbe.

Posteriormente, la causa recibió unas diligencias abiertas en la fiscalía la declaración que prestó una antigua empleada de Enrique Juan Adell Bover, el socio del hermano del presidente. La mujer, trabajadora de Kriol, otra de las firmas bajo sospecha junto con Canal Maestrat, relató toda una serie de irregularidades de las que fue testigo. Contó incluso cómo en determinados ambientes, los ahora sospechosos presumían de que cuando llegara el PSPV a la Generalitat se iban a forrar. De igual modo, se analizan subvenciones recibidas desde la Generalitat de Cataluña y otras autonomías.