La guasa en Les Corts con el Derecho Civil Valenciano

Sobre el papel sí, pero en la realidad, el apoyo a la iniciativa aparenta un postureo que evidencia desgana. El último ejemplo lo han ofrecido Les Corts. Los grupos parlamentarios del tripartito valenciano y el PPCV firmaron de forma conjunta una «proposición no de ley de tramitación de especial urgencia» relativa a este asunto.

Un texto que, en su parte resolutiva, proponía «solicitar a los grupos parlamentarios en el Congreso, representados en la comisión constitucional, que por economía procesal se proceda a la tramitación conjunta y de manera urgente a la reforma planteada para recuperar el Derecho Civil valenciano de manera efectiva y la proposición de reforma constitucional del artículo 49».

La iniciativa lleva como fecha de firma el pasado 8 de marzo, hace ahora dos semanas. La urgencia con la que se presentó y se tramitó obedecía a la necesidad de incorporarlo a la última sesión plenaria de Les Corts, que tendrá lugar la próxima semana.

Se trataba de hacer un gesto de apoyo, por parte de la Cámara, a la intensa actividad desarrollada por la Asociación de Juristes Valencians en defensa de la recuperación del Derecho Civil, y que hace sólo unas pocas fechas convocó una concentración en la plaza de la Virgen en defensa de esa iniciativa.

La iniciativa se presentó y se tramitó. Pero… no figura en el orden del día del último pleno de la legislatura. Ni del último ni de ninguno de los tres que se celebrarán de forma consecutiva para garantizar la elección del nuevo presidente del consejo rector de À Punt. La «proposición no de ley de tramitación de especial urgencia» no se debatirá porque nadie la ha incorporado para su debate en la Cámara.

Lo chocante de la situación contrasta con el supuesto respaldo unánime a la iniciativa y la importancia que todos los partidos aseguran dar a este asunto. «Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 541 ayuntamientos, que representan a más de 5 millones de valencianos, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)» han dado a apoyo a la recuperación del Derecho Civil. Una adhesión municipalista «que es incluso superior a la que determinó el acceso a la autonomía entre 1979 y 1981», se señala en la 'urgentísima' proposición no de ley.

El mismo texto justifica las razones de aprobar una iniciativa de este tipo. Les Corts ya solicitaron en febrero de 2020 una proposición de reforma constitucional para incorporar el Derecho Civil que no ha avanzado, y sí, en cambio, la que hace referencia a la modificación del artículo 49 de la Constitución. Y «acaba el periodo de sesiones», se remarca. Pues el de Les Corts se acaba la semana que viene. Y la iniciativa no verá la luz.

La reivindicación del Derecho Civil ya ha tropezado en ocasiones con otras situaciones absurdas. En julio de 2022 una inexplicable torpeza del diputado de Compromís, Joan Baldoví, volvía a dejar en punto muerto la recuperación del Derecho Civil Valenciano cuando contaba con el respaldo del PSOE para ser apoyado en el debate sobre el estado de la nación.

El texto del acuerdo pactado con los socialistas tropezó con un problema ridículo, porque Baldoví no comunicó a la Mesa del Congreso una serie de cambios en el texto inicial de su propuesta –que también hacía referencia a la reforma de la financiación-. Esa parte, la de la financiación, es la que hizo que el acuerdo se deshiciera y la propuesta no saliera adelante. Un patinazo tan inexplicable que algunas fuentes parlamentarias llegaron a poner en duda que fuera involuntario.

Ante esta situación, el presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, reclamó ayer convocar tras el pleno ordinario otro extraordinario para llevar la propuesta «porque es viable hacerlo y el asunto es urgente. Así lo hemos solicitado y esperamos el apoyo de los grupos en este tema que requiere unidad y determinación. Estamos en un pulso que hay que mantener».

También anunció una nueva convocatoria, una concentración, prevista para el próximo 25 de abril, en la que «esperamos el apoyo parlamentario e institucional necesario. Pedimos, por tanto, coherencia y el máximo consenso».