Hacienda adelantará en días 5.500 millones a las autonomías

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó ayer que las comunidades autónomas podrán solicitar al Estado el adelanto de la mitad de la liquidación correspondiente a 2018, unos 5.500 millones de euros. A la Comunitat le corresponderían 650 millones por este concepto.

Esta medida, según señaló Montero en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, pretende hacer llegar recursos a las regiones para afrontar la crisis del coronavirus. Por ello, Hacienda ha decidido agilizar la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2018, que debía realizarse en julio.

Las comunidades podrán solicitar el adelanto de la mitad de la liquidación definitiva, que asciende a un total de 11.000 millones, y avanzó que en los próximos días hará efectivo el pago a las que lo hayan pedido.

Asimismo, Montero recordó que las entregas a cuenta de este año se han calculado conforme al crecimiento previsto antes de la crisis, el 1,6 %, a pesar de que esta previsión no se va a cumplir, porque se considera que «el dinero lo necesitan ahora».

Así, cuando el ejercicio 2020 se tenga que liquidar, dentro de dos años, las regiones tendrían que devolver lo ingresado de más, aunque Montero dejó abierta la puerta a hacer en ese momento «ajustes» para que el impacto no sea «tan importante».

La titular de Hacienda tiene previsto reunirse el próximo lunes con los consejeros autonómicos del ramo y mostró su intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para acordar medidas, aunque en este aspecto no concretó fechas.

Montero señaló a su vez que pondrá en marcha financiación extra FLA o extra Facilidad Financiera por hasta 5.932 millones de euros, un 75% «de inmediato» y el resto en octubre cuando se conozca el dato definitivo del desvío.

Tal y como se comprometió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, estos fondos no devengarán intereses para la parte del déficit imputable al cambio del sistema de gestión de IVA de 2017 (unos 2.500 millones), que mermó los ingresos autonómicos correspondientes a este impuesto, un desvío que afectó en la liquidación del ejercicio en 2019.