Hacienda amenaza con cerrar el grifo del FLA a la Comunitat por el gasto sanitario

El ministerio de Hacienda ha decidido elevar el nivel de presión que ejerce sobre las cuentas de la Comunitat Valenciana. En una carta remitida al conseller Vicent Soler el pasado 27 de mayo –sólo un día después de las elecciones municipales y europeas–, el departamento que dirige María Jesús Montero explica que ha detectado «ciertas inconsistencias» en la información remitida por el Gobierno valenciano respecto a la factura de farmacia. Y advierte de que, en el caso de no remitir la documentación solicitada, activará uno de los apartados que regula el programa de aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En concreto, el que hace referencia a que «se podrá limitar el acceso a los sucesivos tramos de financiación» del citado Fondo.

Un eventual cierre de la llegada del FLA abocaría a la Comunitat a una situación crítica, tanto frente a sus proveesodres –la deuda comercial de la Comunitat supera los 1.600 millones– como ante sus vencimientos de deuda, que se renuevan gracias a esos fondos.

La carta del ministerio de Hacienda al Gobierno valenciano aparece publicada en la página web del mencionado departamento, aunque el aviso volvió a producirse, vía telefónica, este pasado viernes. La difusión de esa carta constituye la primera constatación de que el departamento que dirige Soler sigue sin haber adoptado las medidas que reclama el Ejecutivo central. De hecho, la propia carta avisa de que «en el caso de no atenderse en plazo y de forma completa e idónea el presente requerimiento se procederá a dar publicidad al incumplimiento y se adoptarán las medidas automáticas de corrección previstas en el artículo 20» de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

¿Cuál es el problema? El escrito del ministerio de Hacienda relata que su requerimiento tiene por origen «el cumplimiento de las obligaciones de información por parte de la Comunidad Autónoma establecidas en la normativa», y en particular las que se refieren a la Ley General de Sanidad.

Esa obligación de facilitar información es el origen del problema. El departamento que dirige Montero explica que en el seguimiento y comprobación de la remisión de la información mensual remitida por parte de la Intervención General de la Comunitat Valenciana para el avance del cierre de 2018, «que a su vez incluía actualización de la información correspondiente al cierre provisional del ejercicio de 2017» se detectaron «ciertas inconsistencias en la información sobre gasto en farmacia hospitalaria y gasto en productos sanitarios sin receta médica».

Los problemas con el gasto farmacéutico en la Comunitat vienen sucediéndose de forma reiterada. La peculiar estructura de un gasto con múltiples centros con capacidad de compra deriva en la multiplicación de los expedientes de enriquecimientos injustos –hasta 3.800 millones la pasada legislatura–. Fuentes del Consell remarcaron ayer que el problema que localiza el ministerio tiene que ver con cambios en la denominación del estado en el que se encuentran los gastos farmacéuticos. Modificaciones que no habrían sido resueltas a pesar de la reiteración de los avisos por parte del ministerio.

Los problemas que detecta Hacienda, no obstante, parecen vinculados a que se hayan utilizados criterios distintos de contabilización de ese gasto realizado desde Sanidad

El ministerio de Hacienda no entra en el detalle del área de Sanidad. Lo que hace es recordar que, a partir de esas «ciertas inconsistencias» requirió la revisión de la información correspondiente al cierre provisional de los ejercicios 2016 y 2017, así como el avance del cierre de 2018 «para la homogeneización de los criterios aplicadas en su obtención».

El departamento de Hacienda del Gobierno central detalla que tras numerosos intercambios de información y comunicación de nuevas incidencias detectadas, se fijó como fecha para su remisión el 29 de marzo «y en todo caso el 5 de abril como fecha límite de envío». La AIReF hace pocas fechas hizo algunas recomendaciones relativas al sistema de subasta farmacéutica, avalando el modelo del anterior Gobierno andaluz para toda España.

Hacienda da un severo tirón de orejas al Consell. Porque a continuación remarca que la contestación del Gobierno valenciano con las versiones definitivas de los cuestionarios no llegaron hasta el 7 de mayo, más de un mes después del plazó límite fijado por el ministerio. Y añade: «Respecto a los mismos, se han solicitado aclaraciones y se han detectado ciertas inconsistencias, que tras ser comunicadas ese mismo día a su Comunidad Autónoma no han podido aún ser resueltas».

Como consecuencia del mantenimiento de esas inconsistencias, el ministerio, con letra en negrita, requiere la remisión «de respuesta a las cuestiones planteadas así como, en el caso de que resultara procedente, el envío de los cuestionarios E80 actualizados correspondientes al cierre provisional de los ejercicios 2016, 2017 y 2018». Cuando se disponga de ellos, se añade, se revisará la conveniencia de actualizar, en su caso, los datos que resulten necesarios de la serie histórica disponible.