Hacienda apura el plazo para pagar los 2.700 millones de la liquidación al Consell

El abono de la liquidación de 2022 se producirá, probablemente, coincidiendo con el acuerdo del PSOE con ERC para que los republicanos apoyen la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña. Un pacto que en las últimas horas se viene dando por inminente y que puede suponer, de facto, la salida de Cataluña del régimen común, en tanto que lo que los separatistas reclaman es una financiación singular y la plena capacidad fiscal para esa región.

Quizá para endulzar ese anuncio, el departamento que dirige María Jesús Montero ultima el reparto de dinero, algo más de 20.000 millones de euros, entre las CCAA. Los 2.700 millones que debe recibir la Comunitat Valenciana –la cifra la confirmó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propia Montero–, es la tercera más alta de todas las CCAA. Cataluña, con más de 4.300 millones, y Andalucía, con 2.995, aventajan a la Comunitat en este capítulo.

Los 2.700 millones que debe recibir la Comunitat Valenciana corresponden, por un lado, a la liquidación del sistema (con algo más de 900 millones de euros), a los que se suman otros 1.400 millones del Fondo de Competitividad y casi 400 más del Fondo de Cooperación.

La cifra, por tanto, forma parte de los ingresos correspondientes al sistema de financiación. En ningún caso suponen una inyección extra de fondos para el Consell, aunque las fuentes consultadas por este diario admiten que la cantidad a percibir por la Comunitat es significativamente más elevada que la de otros ejercicios.

En todo caso, la llegada de estos fondos –ya previstos por la administración autonómica en sus presupuestos– se antoja imprescindible. Máxime, a la vista del retraso que acumula el Ejecutivo central con la llegada de la actualización de las entregas a cuenta de la financiación de 2024 –la otra pata del sistema en vigor–.

Tal y como ha venido denunciando el Gobierno valenciano, el departamento que dirige Montero no tiene previsto abonar hasta el mes de septiembre los más de 90 millones de euros al mes que, desde que empezó este 2024, el ministerio ha dejado de entregar a la Comunitat Valenciana. Una cifra consecuencia directa de la negativa del Ejecutivo central a tratar de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, y de la prórroga de los aprobados en 2023. Esa decisión, forzada por el adelanto electoral en Cataluña, dejó a las CCAA con las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio anterior. La vicepresidenta Montero ya anunció que actualizaría esas entregas a cuenta, pero acto seguido precisó que esa decisión no se ejecutaría hasta el mes de septiembre. Y ese hecho tiene unas consecuencias muy graves para las maltrechas cuentas valencianas. Actualizar las entregas a cuenta y la llegada de los fondos correspondientes a la liquidación de la financiación de 2022 se perfilan como oxígeno para las cuentas autonómicas.

Aún así, el Gobierno valenciano sigue de cerca la marcha de las negociaciones entre el PSOE y ERC para pactar la investidura de Illa. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, viene centrando su discurso en la necesidad de que se apruebe el fondo de nivelación pactado por las cuatro CCAA infrafinanciadas –junto a la valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha– y que debería permitir igualar la financiación por habitante de esas cuatro autonomías con la media.

Un fondo de nivelación que, no obstante, no cuenta con el visto bueno del PSOE, que a través de distintos portavoces, e incluso de la propia Montero, se han pronunciado en contra de poner en marcha esa financiación extra, hasta la aprobación del nuevo modelo. La investidura de Illa condiciona la posibilidad de llegar a acuerdos. Y la posible salida de Cataluña del régimen común generaría un agujero de grandes dimensiones en los ingresos de esas CCAA.