Hacienda cerrará el grifo a las entidades públicas que se salten

el control financiero

La Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y de organización de la Generalitat es el cajón de sastre de todo gobierno. La conocida como Ley de Acompañamiento, que cada año se aprueba en Les Corts junto con los Presupuestos generales sirve para modificar normas y ajustar legislación a las nuevas necesidades organizativas de la Generalitat. Y el anteproyecto de este año viene plagado de novedades. En concreto, en el último borrador está contemplado cambiar al menos algún punto del articulado de 42 leyes, una de ellas, la de Hacienda Pública.

En concreto, el Consell aprovechará para cambiar catorce artículos y una disposición de la ley de Hacienda Pública, sector público y subvenciones, para ampliar los controles financieros y atar más en corto a todas las entidades que dependen de la Generalitat. En concreto, según el borrador con las modificaciones previstas, la Intervención ganará peso en la labor de control. Además de los informes que ya realiza habitualmente –plan anual de control financiero permanente, de control de subvenciones, de auditorías del sector público y de auditorías de fondos comunitarios– se añadirá uno nuevo: el plan anual de supervisión continua. El conseller de Hacienda deberá presentar una vez al año al Consell un informe sobre la ejecución de estos planes y en el contenido se podrán incorporar también los resultados de otras actuaciones de control, de control financiero y de auditoría pública. La intervención, el máximo órgano de control económico interno de la Generalitat, podrá extender el objeto de sus auditorías a todos los aspectos de la gestión de los entes públicos, en especial cuando no estén sometidos a intervención previa o control financiero permanente. Una suerte de vigilancia extrema sobre toda la Generalitat por parte de la Conselleria de Hacienda. Un Gran Hermano de los movimientos de todas las consellerias y sector público, corresponda al socio que corresponda.

La principal novedad llega, sin embargo, para el sector público y sus cuentas, ya que en caso de que incumplan de manera reiterada las indicaciones de la Intervención en sus ejercicios, podrán verse obligadas a suministrar la información que les sea requerida o a adoptar las decisiones que el órgano les indique. Si en 15 días no han subsanado los errores o han puesto en conocimiento de la Intervención la información necesaria, se aplicarán medidas correctoras o incluso se proceda a la paralización de los pagos a favor de la entidad incumplidora. Es decir, el Consell a través de Hacienda, podrá cerrar el grifo a las entidades que se salten el nuevo control financiero.

La medida llega después de que las empresas del sector público hagan caso omiso a las numerosas recomendaciones que Intervención hace a través de sus auditorías. De hecho, algunas de ellas, incluso tienen una valoración negativa de parte de sus capítulos de acción. Es el caso de la Sociedad Proyectos Temáticos, que dio 4 millones de euros en ayudas a empresas para implantarse en el Distrito Digital en forma de incentivos, o del Ivass, el instituto a través del que se gestionan los servicios sociales de la Generalitat, que tiene deficiencias en contratación. También entidades como el Hospital General.

Y es que el sector público no tiene fiscalización previa como sí sucede con las consellerias. Sus decisiones se auditan a posteriori, por lo que las pegas sólo se pueden poner una vez se han tomado las acciones erróneas o ilegales.

Otro de los puntos que modificará el Consell a través de la ley de Acompañamiento servirá para que las personas que tengan deudas con Hacienda o sean insolventes puedan beneficiarse de alquileres sociales, igual que ya se hizo con las becas de comedor.