Hacienda no pone fecha a la reforma de la financiación y la sitúa «en los próximos meses»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer tras mantener una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que había arrancado el compromiso de el Ejecutivo central de agilizar «en los próximos meses» la propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica. Un compromiso difuso, dado que fue la propia ministra la que fijó inicialmente para el pasado mes de febrero el momento de formalizar esa propuesta que, finalmente, aplazó sin fecha.

Puig se reunió con la ministra Montero con el fondo de ayudas del Gobierno a las CCAA sobre la mesa. Pero también con la habitual exigencia de la reforma de la financiación, la norma que fija las condiciones sobre la que se reparten los fondos del Estado entre las CCAA. El líder del PSPV trasladó su posición, y advirtió en su comparecencia ante los medios de comunicación que «no se puede seguir bloqueando la reforma del sistema». Su posición quedó clara, pero la respuesta del ministerio no tanto.

El actual sistema de financiación autonómica se aprobó en 2009 y su vigencia inicial era de cinco años. Por tanto, desde el 1 de enero de 2014 se encuentra caducado. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy, primero, ni el de Pedro Sánchez en la actualidad han encontrado el momento adecuado para llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una propuesta para reformar un modelo que, en financiación por habitante, deja a la Comunitat Valenciana como la peor tratada de todas las autonomías. La crisis económica primero, las convocatorias electorales después, el proceso independentista catalán y ahora la pandemia han servido de recurrentes excusas para no fijar un calendario para esta reforma. Y el Botánico, que hasta 2018, con Rajoy en la Moncloa, exhibió una posición claramente reivindicativa -hasta convocar una manifestación por las calles de Valencia-, suavizó su posición con la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo central, hasta el punto de que este debate parece haberse convertido más en una molestia, especialmente para el PSPV, que en una bandera que asumir de forma contundente.

Puig insistió ayer en que la reforma del modelo debe abordarse de manera urgente y que es necesario buscar un consenso respecto al nuevo sistema de financiación que garantice la suficiencia y el reparto equitativo entre las comunidades autónomas. También señaló que la reforma del sistema es fundamental para la recuperación económica y apeló a la necesidad de un acuerdo que vaya más allá de las coyunturas y procesos electorales, que haya una visión de futuro. De hecho, subrayó que el actual momento complejo marcado pro la pandemia requiere de poner en la atención sanitaria y la recuperación económica todas las prioridades. Eso sí, también remarcó que la reforma de la financiación también contribuiría a esa recuperación económica, toda vez que permitiría a las administraciones públicas contribuir a la estimulación económica.

Fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por este diario se remitieron a las declaraciones del presidente valenciano al ser preguntados por el contenido de la reunión celebrada en Madrid.

Puig también trató con la ministra de Hacienda la puesta en marcha del fondo de 13.400 millones de euros de financiación extraordinaria para las comunidades autónomas para 2021 y trasladó que el Ministerio tiene la intención de activarlo de manera inmediata.

Finalmente el presidente también trató con la ministra de Hacienda el plan de ayudas aprobado por el Gobierno de España el viernes pasado y que supondrá para la Comunidad Valenciana al menos 650 millones de euros en ayudas directas para las empresas y la posibilidad de acceder a otros 400 en las líneas de apoyo financiero. Puig trasladó a la ministra la necesidad de que la transmisión de fondos sea lo más rápida posible para poder agilizar el pago a las empresas.

El presidente informó de que se ha marcado el plazo de un mes para firmar el convenio y poder así convocar las ayudas y repartir los fondos entre las empresas. También anunció que las comunidades autónomas tendrán cierta capacidad normativa para adecuar las ayudas dependiendo de la necesidad de de sus sectores productivos.