El Gobierno ya no garantiza que empiece a negociar en febrero la nueva financiación

La reforma del sistema de financiación autonómica, quizá la reivindicación política más importante para el Consell del Botánico –al menos mientras Mariano Rajoy ocupó la Moncloa– tendrá que esperar. El último plazo facilitado por el ministerio de Hacienda, que fijaba para el próximo mes de febrero el inicio del proceso de negociación del nuevo modelo entre el Gobierno y las CCAA está en el aire.

Así vinieron a certificarlo ayer las fuentes del departamento que dirige Marías Jesús Montero consultadas por este diario. A la pregunta de si se mantenía el anuncio que la propia ministra y portavoz había hecho hace apenas dos meses respecto a los plazos para abordar la negociación del nuevo sistema, un portavoz de ese ministerio señaló que «ahora mismo todos los esfuerzos del Gobierno y de las distintas administraciones están puestos en contener la tercera ola del Covid».

El ministerio de Hacienda remarcó que «abordar la reforma del sistema de financiación sigue siendo un objetivo fundamental para el Ministerio de Hacienda y a ello se ha comprometido la ministra en reiteradas ocasiones». De hecho, se recordó que el ministerio también trabaja en configurar un grupo de expertos que aborde una reforma fiscal en profundidad. «Pero esos trabajos, como ya advirtió la ministra, dependerán de la evolución de la pandemia, que ahora preocupa a todas las administraciones», se remachó. De la explicación ofrecida por el ministerio se concluye que el inicio de ese proceso el próximo mes de febrero queda más que en el aire.

El argumento del avance de la pandemia, no obstante, ya era una realidad el pasado mes de noviembre. Y sin embargo, esa circunstancia no impidió que Montero, durante la presentación en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 proclamara que febrero podría ser el mes en el que iniciara la negociación «a fondo» de la reforma del modelo.

De hecho, Montero condicionó esa fecha a que la evolución de la pandemia fuera positiva, un hecho que, obviamente, no se ha producido.

Retrasar una vez más el inicio de ese proceso de negociación podría estar condicionado también por el aplazamiento de las elecciones catalanas. La deriva soberanista que ha protagonizado Cataluña ha sido uno de los factores que ha impedido que la negociación de un nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera fructificar. El aplazamiento que ya ha solicitado el Gobierno catalán hasta el próximo 30 de mayo podría provocar en un retraso del inicio del proceso negociador hasta después de que se hubiera formado gobierno en esa autonomía –una de las que, por su peso específico, más condiciona el reparto de los fondos–. Sin nuevo sistema de financiación, el Consell del Botánico se ha visto obligado a mantener en sus presupuestos anuales una partida de ingresos que supera los 1.300 millones de euros, y que tendría su justificación en el supuesto incremento de ingresos que, para la Comunitat, supondría el nuevo modelo. Un aumento de fondos que, no obstante, en ningún caso ha confirmado el ministerio de Hacienda.

La titular de ese departamento sí que ha admitido en reiteradas ocasiones la infrafinanciación que sufre la Comunitat, y que la convierte en una de las regiones con peor financiación por habitante de todas las del régimen común. La gravedad de la situación valenciana se ve agravada este 2021 porque las previsiones con las que trabaja el ministerio de Hacienda prevén una caída de ingresos por la liquidación de la financiación de casi 300 millones de euros.

Pese a ese dato, lo cierto es que la administración autonómica ha venido viendo cómo se incrementaban sus ingresos por el sistema de financiación autonómica en los últimos años. En 2020, sin ir más lejos, el departamento que dirige Vicent Soler recibió un total de 11.545,80 millones de euros, es decir, 990,15 millones de euros más que en 2019. Pese a ser la región que más vio incrementados sus ingresos, el Gobierno valenciano mantuvo –aunque con la boca pequeña– esa exigencia de más ingresos para hacer frente a su volumen de gastos. Tanto Fedea como la AIReF han venido afeando al Ejecutivo que el incremento de gastos sea clave en el desequilibrio de sus cuentas.