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Habría muchas formas posibles de comenzar esta crónica, porque en realidad ya se ha escrito varias veces. Un gobierno, el que sea, prometiendo algo, en ... este caso la reforma del sistema de financiación autonómica. Y el mismo gobierno, unos días después, incumpliendo ese compromiso.
Una de las formas posibles de empezar a contarlo es esta. Hace menos de dos semanas el diputado nacional de Compromís Joan Baldoví anunció el voto favorable de su partido al proyecto de PGE de 2022. El dirigente nacionalista explicó que había comprometido su apoyo después de que el ministerio de Hacienda le garantizara que, en la nueva financiación, la Comunitat Valenciana saldría beneficiada. Una financiación cuyo esqueleto, se remachó, se conocería este noviembre, tal y como anunció el propio Pedro Sánchez el pasado mes de junio.
Baldoví debió de creerse ese compromiso, igual que en enero de 2020 se creyó el de que la nueva financiación estaría aprobada en ocho meses. Pero noviembre acabó ayer, y el famoso esqueleto de la nueva financiación no llegó. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero explicaron a este diario que Hacienda «ultima trasladar una propuesta de población ajustada a las CCAA en breve». ¿Y en breve, cuándo es? Las mismas fuentes señalaron que «en próximos días. Se están ultimando los detalles técnicos». Y a la pregunta obligada de cuáles eran esos detalles, una referencia a lo complejo de la reforma en cuestión.
La reforma de la financiación es, sin duda, un asunto complejo. Pero fue el propio ministerio de Hacienda el que anunció que este mes de noviembre presentaría ese esqueleto del nuevo modelo, una forma muy visual de aludir a los criterios que deberán condicionar el reparto de fondos: la población, la orografía, la densidad, el envejecimiento, la dispersión... los criterios para 'ajustar' el reparto de dinero entre la población de las CCAA. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, también se mostró satisfecho con el compromiso de la ministra Montero de presentar su propuesta de modelo este mes. Su departamento, de hecho, ha venido incidiendo en que el Gobierno asume el criterio de población ajustada, en tanto que pondría por delante la cifra de población de criterios como el del envejecimiento o la dispersión. Aunque esa circunstancia está por ver, porque será la letra pequeña de ese esqueleto el que lo determine.
En todo caso, que el Gobierno haya dejado pasar noviembre sin presentar su propuesta de nueva financiación supone un evidente incumplimiento del compromiso adquirido. El actual modelo, como es sabido, se aprobó en 2009 y anda caducado desde el 1 de enero de 2014. Cuando acabe el año cumplirá ocho años desfasado.
Baldoví, el día que comprometió el voto de su coalición a los PGE de 2022, dijo que el Gobierno era consciente de la existencia de un déficit de 16.000 millones en el actual modelo para paliar las diferencias entre autonomías. Son los mismos 16.000 millones que el propio Baldoví presentó en una enmienda a los presupuestos, y que el Gobierno vetó.
Todo ello, con unas elecciones, las andaluzas, a celebrar en 2022. Y otras tantas, entre ellas las autonómicas valencianas y las municipales, que no pueden retrasarse más allá de 2023. Y ya se sabe que cuando llegan las convocatorias electorales, los acuerdos entre los grandes partidos se alejan. El de la financiación, también.
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