Hacienda sostiene que Corbín usó mordidas de las basuras para comprar décimos de lotería premiados

Corbín, uno de los principales comisionistas del caso Azud, recibió importantes ingresos de empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia por servicios de asesoramiento que la investigación apunta a que son ficticios. El letrado era el cuñado de la entonces alcaldesa y referente del PP de Valencia y mantenía una fluida relación con el equipo de Gobierno.

Pero los agentes mantienen que esa relación supuestamente empresarial con las mercantiles bajo sospecha sólo era una coartada para canalizar ese flujo de dinero. Unas cantidades que más allá de determinadas decisiones administrativas pretendía mantener un contacto fluido con el núcleo de poder local. Hacienda cree que en el periodo anterior, el letrado debió ingresar 630.000 euros por la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Todo esto se computa como ganancias patrimoniales no justificadas, según Hacienda. El dosier se remonta al contrato de Corbín Abogados con la UTE Los Hornillos, la empresa que gestiona parte de las basuras de Valencia. El importe era de 2,2 millones, pero el despacho sólo recibió 705.000 euros. Queda, por tanto, un amplio montante en negro y en efectivo.

Pero de ese dinero sólo se puede anotar el abono de 450.000 euros en el año 2005. Ese cantidad fue usada para la compra de los décimos de lotería agraciados con el primer premio de lotería de Navidad. En esta operación de supuesto blanqueo gastó 360.000 euros más "la oportuna comisión para el vendedor" de las papeletas, según la explicación de Hacienda.

Conviene recordar que aquel año la suerte fue a parar a una falla de Valencia (Montortal-Torrefiel), pero no a la comisión a la que pertenecía Corbín y su familia (Exposición-Micer Mascó). Este hecho junto a la masiva compra (30 papeletas), que no fueran correlativas y la existencia de ofertas de compra de décimos eran los indicios que manejaba la UCO.

No es el único investigado en las diligencias de Azud que se ve perjudicado por el dosier. Alfonso Grau, el exvicealcalde condenado por la financiación ilegal del PP y otro de los supuestos comisionistas de la trama, también habría cometido otro delito fiscal. En su caso, el correspondiente al año 2004 donde dejó de ingresar algo más de 200.000 euros.

Aquel año, la UCO detectó varias operaciones sospechosas. Por un lado, ingresos de 17.000 euros en efectivo de procedencia desconocida. Y, por otro, dos compras de inmuebles donde una parte importante del precio es abonado en negro o a través de empresas en la órbita del empresario Jaime Febrer, presunto cabecilla de la red delictiva.

Así, cerca de 300.000 euros se utilizan para el pago del exclusivo piso en Porta La Mar, mientras otros 108.000 se destinan a adquirir un bajo en la avenida Fernando el Católico. El importe asciende por tanto a algo más de 400.000 euros y la cuota que debió ingresar fue de 198.000 euros.

No son los únicos años bajo sospecha. Pero en el resto de ejercicios no se superan los 120.000 euros, umbral a partir del cual se trata de un delito. Los inspectores han analizado en este dosier incluso las transferencias de Grau a la hija que reside en Estados Unidos. De hecho, toda la familia de Grau se encuentra ahora investigada en esta macrocausa de corrupción. A una de sus descendientes, que está casada con un ciudadano americano y que reside en Wisconsin, los agentes la vinculan con el desvío de dinero de comisiones por favores urbanísticos en España.