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Los últimos meses del caso Erial han sido intensos. Los agentes, por un lado, han terminado el informe definitivo sobre el patrimonio del expresidente Eduardo Zaplana y la supuesta vinculación del expolítico con el destino final de las inversiones en España. Pero, además, siguen ... indagando acerca de otro de los personajes que supuestamente recibió dinero por el amaño de las adjudicaciones. Se trata de Fernando Castelló, exconseller de Industria y que según la UCO tuvo un papel clave en la resolución administrativa de los parques eólicos. El trío de beneficiarios se completa con la presencia de Juan Francisco García, el que fuera mano derecha de Zaplana en la Generalitat, y que contaba, en su día, con al menos dos millones de euros en Luxemburgo.
La Guardia Civil concentra ahora sus pesquisas en Castelló. El exdirigente tenía la empresa Inversiones y Servicios Gesfyan. Toda la familia formaba parte de la mercantil. Él y su mujer sumaban el 80%; el resto una de sus hijas.
La firma tenía dos fuentes significativa de ingresos. Los 150.000 euros de Elecnor, una de las firmas que participaban en la empresa Guadalaviar, que resultó adjudicataria de cinco zonas del plan eólico. Se da la circunstancia de que la hija del conseller era la única trabajadora de Gesfyan, la mercantil bajo sospecha. La UCO asegura en un oficio remitido al juzgado que cobró 113.000 euros en nóminas, una cantidad sorprendente para una persona que en aquel entonces estaba estudiando en la universidad (2009-2015).
El objeto de la empresa era el negocio de los arrendamientos de propiedades. Pero, al parecer, la UCO no encuentra indicios de esta actividad. Al margen de los 150.000 euros recibidos por Elecnor, la sociedad también registró anteriormente ingresos de otras mercantiles, alrededor de otros 150.000 euros. Los investigadores han solicitado a la jueza de Instrucción 8 de Valencia que les autorice a recibir y consultar más datos acerca de estas tres mercantiles para averiguar el destino de los fondos, pero también para conocer los posibles motivos de otra sospechosa operativa.
La empresa del exconseller, creada poco antes de abandonar la política activa como diputado en 2008, compra el 33% de otra mercantil, Valora Energía Empresa de Servicios que también había declarado ingresos por parte de Elecnor. En concreto, 10.000 euros.
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Los agentes de la UCO reclaman a los bancos –la diligencia ha sido acordada por la instructora con el visto bueno de Anticorrupción– toda la información sobre la hija y la mujer del exconseller. Pretende seguir el rastro del dinero.
El investigado habría tenido un papel clave en todo el proceso de los parques eólicos. El informe de la Agencia Antifraude -fuentes judiciales restan valor a esa pericial- recoge que había suscrito la orden por la que se realiza la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del plan eólico y aprobado las bases del procedimiento. Fue, además, presidente de la Comisión de Selección de Proyectos y aprobó el informe sobre propuesta de selección de proyectos y el anexo de condiciones (obligatorias) de selección a cumplir por los candidatos.
El objetivo de estas últimas diligencias de los agentes, antes de cerrar la investigación, resulta similar al que han hecho con Zaplana: establecer vínculos. El último dosier apunta a la compra a través de empresas, pero para su uso personal del exministro de un piso de lujo en Madrid –1,6 millones de euros de los que se dan 100.000 en efectivo–, un yate con otros socios, áticos y un reloj de lujo, entre otros negocios.
El expresidente siempre ha negado cualquier fondo o dinero en el extranjero así como su desvinculación de las empresas de los otros protagonistas en la trama. El final de la instrucción está cerca. Durante los últimos años, la jueza le ha denegado una por una todas las solicitudes de prueba. Será en el juicio donde puedan defenderse, según deslizan desde su entorno.
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