Las dos hijas del letrado José María Corbín, el cuñado de Rita Barberá, han solicitado declarar ante la titular de Instrucción 13 de Valencia, el juzgado donde se investiga la macrocausa de Azud, una trama que salpica por igual a dirigentes del PP y del PSPV.
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... Las dos hermanas, Asunción y María José, permanecen investigadas desde el inicio de las pesquisas. Quizá en su momento se acogieron a su derecho a no declarar o bien no han sido citadas hasta la fecha. El caso es que ahora las dos imputadas quieren comparecer. La juez ha de acordar obligatoriamente a citación siempre que lo solicita un investigado.
Existen algunas operaciones en la familia Corbín que despertaron las sospechas de los investigadores de la UCO. Se trata de dos transferencias de 100.000 euros a dos de las tres hijas del letrado. Los movimientos se produjeron en marzo de 2015, justo dos meses antes de los comicios que supusieron el punto final de la etapa de Barberá en el Consistorio.
Las salidas de fondos evidenciaban el altísimo nivel de vida del que disfrutaba la familia. Una de las beneficiarias por este traspaso económico es actualmente asesora del Grupo Municipal del PP. Su incorporación se produjo antes de que se levantara el secreto de sumario.
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Este fichaje se interpretó como un intento del PP de Valencia, encabezado por María José Català, para cerrar heridas con la familia de Barberá, molesta por el tratamiento que recibió por parte del PP cuando fue investigada por el pitufeo, causa archivada definitivamente por el Tribunal Supremo.
Los investigadores también descubrieron cómo el entorno más próximo al letrado adquirió dos pisos de protección oficial, propiedad de la constructora Cleop. Se trata, precisamente, de la empresa que en una UTE se encargó del servicio de la grúa de la ciudad. Una de estas viviendas, al parecer, fue para otra de las hijas del letrado, Rita Corbín.
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El letrado valenciano está investigado por el cobro de comisiones a los principales contratistas del Ayuntamiento de Valencia. La facturación del despacho de Corbín, en pleno centro de Valencia, se desplomó tras perder Barberá las elecciones de 2015. Los investigadores de la UCO sospechan que las principales contratistas del Consistorio pagaban al letrado por mantener una posición privilegiada en los procesos de contratación.
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