Históricos exdirigentes del PSOE promueven un manifiesto contra la ley de Memoria de Sánchez

El proyecto de Ley de Memoria Democrática que el Gobierno pretende aprobar esta semana con el apoyo, entre otros grupos, de EH Bildu, no sólo ha provocado duras críticas desde la oposición. Históricos dirigentes socialistas, entre ellos dos expresidentes del Senado, el alavés Javier Rojo y Juan José Laborda, han suscrito un duro manifiesto contrario al texto pactado: «No aceptamos que el pacto constitucional sea objeto de una tergiversación injusta y ajena a la verdad histórica», remarcan.

En este sentido, denuncian la cesión a Bildu para ampliar de 1978 a 1983 el periodo para investigar vulneraciones de derechos humanos. Esto, supuestamente, incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la llamada «guerra sucia» contra ETA y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González, al que llegó en octubre de 1982.

«No aceptamos que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se habían celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales, dos municipales y varias autonómicas», remarcan. «Nos preocupa –apostillan–, que esta sospecha sea fruto de un pacto con Bildu que aún no ha formulado una crítica a los crímenes terroristas».

La carta, escrita desde la Asociación de Defensa de los Valores de la Transición, está apoyada por personas de «muy distinta procedencia política». Entre ellos, según ha trascendido, se encuentran exministros de Felipe González como Julián García Vargas, Julián García Valverde (actual presidente de la Fundación Gregorio Peces Barba) o Javier Sáenz de Cosculluela. También los exdiputados de UCD y del PSOE Luis Berenguer y Carmela García Moreno, y el actual director de la Fundación Pablo Iglesias, Salvador Clotas.

Tras recalcar que apoyan y respaldan la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, «así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas, pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la Transición», recuerdan que «la reconciliación fue una de las claves de la Transición y así quedó plasmado en la Constitución».

«Exigimos al Gobierno, a su presidente y a los responsables de los grupos parlamentarios el replanteamiento del proyecto de la ley de Memoria Democrática basado en el consenso por el bien de nuestra convivencia y el futuro de nuestra democracia», reza el texto.

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