La huella de los registros a las sedes de los partidos en la democracia
Los agentes entraron en 1992 en Ferraz por el 'caso Filesa' y en Génova en 2013 por Bárcenas y en 2016 por Púnica
Los registros a las sedes de partidos en España son hechos excepcionales, aunque lógicamente, con gran impacto político y mediático. La entrada de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) ... de la Guardia Civil en Ferraz, este viernes, se suma a una lista no demasiado larga, pero que ha afectado a los dos grandes partidos nacionales y también a formaciones nacionalistas.
En noviembre y diciembre de 1992, el juez Marino Barbero, instructor del 'caso Filesa' –sobre presunta financiación ilegal de los socialistas–, ordenó el registro de la sede del PSOE. La Comisión Judicial se llevó de Ferraz documentos relativos a la contabilidad del partido, en una de las investigaciones por corrupción más importantes de los últimos años del 'felipismo'.
Dos décadas más tarde, en febrero de 2011, fue registrada la sede de Unió Mallorquina, en Palma, por el 'caso Picnic', un presunto desvío de 1,2 millones de euros de fondos públicos para captar votos en favor de esta formación. El caso acabó siendo archivado en 2017.
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El 20 de diciembre de 2013, la Policía registró por orden del juez Pablo Ruz el edificio del PP en la calle Génova de Madrid para conseguir información sobre las obras de reforma de esta sede, investigadas por un posible delito fiscal dentro del 'caso Bárcenas'. Los agentes también buscaron otros elementos relacionados con los apuntes contables del extesorero, que entonces estaba siendo investigado por la caja B. En su escrito, el juez pidió a la Policía que se incautara de «la totalidad de la documentación de cualquier género que obrare en las dependencias de tesorería, gerencia, contabilidad, caja, auditoría interna o cualesquiera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede».
Pero no fue la única vez que Génova vio entrar a los agentes. En febrero de 2016, la UCO lanzó una operación contra la presunta financiación irregular del PP de Madrid, en el contexto de la trama Púnica, una red de sobornos liderada por el exconsejero de Presidencia del Ejecutivo madrileño Francisco Granados y por el empresario David Marjaliza. El juez decretó cinco registros, entre ellos, el de la sede central de los populares.
En agosto de 2015, la Guardia Civil registró la sede de Convergència Democràtica de Catalunya, el número 333 de la calle Córcega, en Barcelona, en el marco de una operación por el supuesto cobro de comisiones ilegales del partido provenientes de la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca.
Según los informes de la Fiscalía Anticorrupción, esta constructura pagó comisiones irregulares a Convergència desde 2002 hasta 2014, durante las etapas al frente del partido de Jordi Pujol y Artur Mas, a cambio de contratos a dedo.
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