Igualdad derivó a la Fiscalía el asunto del hijo de la víctima de abusos para evitar sospechas de venganza por el caso Oltra

Resulta excepcional que la administración pregunte a la Fiscalía de Menores cómo debe actuar en supuestos de desprotección. Lo habitual es que la Conselleria de Igualdad adopte una resolución y el ministerio fiscal, garante en última instancia de los menores, revise o supervise las medidas acordadas.

Aquí, al parecer, se han invertido los pasos. La investigación a Oltra y el resto de cargos de Igualdad por la gestión de la denuncia de los abusos ha instalado el miedo en el departamento.

Nadie quiere adoptar una decisión que pueda interpretarse bajo otros parámetros. El caso de esta supuesta desprotección llegó a la sección del Menor procedente de los servicios sociales. Pero dos cargos del departamento, entre ellos la directora general Rosa Molero, con competencias directas en este asunto se encuentran imputadas en Instrucción 15.

El temor residía en que cualquier decisión sobre el hijo de la víctima -un internamiento en un centro o una familia acogedora- podría ser interpretado como una venganza contra la joven por la situación judicial en la que se han visto inmersas.

Por eso derivaron el expediente –de esta forma también eludieron su responsabilidad– a la Fiscalía de Menores. Hasta la fecha no se ha decretado ninguna resolución. Se debe acreditar una situación de riesgo evidente y directa para apartar a la menor de su madre.

El expediente comenzó por un informe de Servicios Sociales que se desplazaron a un chalé -una construcción muy humilde- donde Teresa vivía con su hijo en la planta baja. Un matrimonio, con un hijo dependiente, ocupaba la planta superior.

Al parecer, se dijo que la estancia no contaba con agua ni luz, algo que, según el entorno de la joven, no era cierto. En aquel entonces, la Guardia Civil acudió también al lugar, aunque las fuentes consultadas no se ponen de acuerdo si lo hicieron junto a los Servicios Sociales o por otro asunto relacionado con Teresa.

El dosier que ha llegado a la dirección de Igualdad también incluye una alerta de los servicios sanitarios. Se ignora el motivo, pero el pequeño, que no tiene ni siquiera un año y medio, acudió a un centro hospitalario acompañado por un familiar. La ausencia de su madre despertó las sospechas del personal. De igual modo, el expediente también contaría con otro informe médico en el que se recogía que Teresa no estaba siguiendo las recomendaciones acerca de su embarazo. Se encuentra a punto de dar a luz.

La joven, tras la visita de los servicios sociales, se mudó a la capital del Turia donde reside en un piso propiedad de su abuela. Además, su padre, que acaba de salir de la cárcel, también se habría instalado en esta vivienda, según las mismas fuentes.

Teresa no recibe ningún tipo de ayuda económica. Fuentes de la Conselleria explicaron que no cumple los requisitos para beneficiarse de esta prestación por los fondos que recibe mensualmente a través de una campaña de micromecenazgo que impulsó su abogado, el presidente de España 2000, José Luis Roberto.