Igualdad envía ahora a la fiscalía un informe que exculpa al exmarido de Oltra de los abusos

El caso del exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años de cárcel por abuso a una menor, ha generado un monumental embrollo judicial de incierto desenlace. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, al parecer, descubrió unos días después del juicio que existía un informe exculpatorio sobre los hechos. Este dosier fue elaborado por el Instituto Espill a petición del propio departamento de Oltra para completar el dictamen de una psicóloga de la Conselleria que tampoco creyó a la adolescente. Todo lo contrario que la médico forense que sí respaldó la verosimilitud del relato de la joven contra el acusado Luis Eduardo Ramírez.

Este dosier no figuraba en el expediente judicial. Es evidente que se trata de un error que, en este caso, ha podido incidir en el fallo condenatorio. Sin embargo, este informe no se le ha entregado a la defensa del educador social. Los responsables de la Conselleria han decidido mandarlo a la Fiscalía de Menores de Valencia sin que nadie llegue a comprender por qué ha sido ese el destinatario elegido. La víctima sigue siendo menor, pero el procedimiento penal no se ha llevado desde esa sección. El ministerio público ha solicitado una aclaración a la Conselleria.

La nueva defensa –el exmarido de Oltra ha perdido la confianza en el letrado que le representó en el juicio– mantiene cierta esperanza con el contenido de este informe. La letrada del condenado ha solicitado a la sección Segunda de la Audiencia de Valencia que suspendan los plazos para la presentación del recurso. Considera que necesita acceder al dosier para elaborar un escrito con todas las garantías. Del mismo modo, pide al tribunal que ordene a la Fiscalía que traslade esta documentación.

La defensa quiere que el tribunal que examine el asunto, en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), celebre una vista antes de analizar los recursos. Plantearán que declare la autora de este informe hasta la fecha desconocido porque su testimonio puede resultar determinante en el proceso. La sentencia de la Audiencia que imponía cinco años de cárcel fue crítica con la actuación de la Conselleria y también con la directora del centro. El fallo afeaba al departamento de la Generalitat cierta inacción a la hora de investigar el suceso. A la menor, que ha pasado toda su vida en centros de protección, nadie la creyó.