Igualdad ordenó a la directora del centro de menores y al ex de Oltra que se reunieran con una abogada de Generalitat

El juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha comunicado a los investigados que ha finalizado el secreto de sumario de una de las piezas donde se investiga el supuesto encubrimiento de Mónica Oltra a su exmarido por una denuncia de abusos sexuales.

Esta medida excepcional, la del secreto, se mantenía sobre una pieza que analiza determinadas comunicaciones de los imputados. Se trata de indagaciones de los correos electrónicos que se cruzaron los imputados en los momentos cruciales del caso, como la primera investigación administrativa de los abusos, el conocimiento de la situación por parte de la vicepresidenta y, por último, el episodio temporal en el que se conoce la condena de cinco años de cárcel a su exmarido. Una solución pendiente de ser ratificada por el Tribunal Supremo.

Los agentes de la Policía Nacional han rastreado más de 50.000 correos, según consta en las citadas diligencias policiales. Los especialistas aclaran, no obstante, que resulta imposible averiguar si existen más correos aparte de los requisados y subraya que, en el caso que alguien decidiera en su momento descargarlos, no se pueden recuperar.

La mayoría de los investigados no enviaron comunicaciones relativas a este asunto. Los correos se concentan en unas pocas personas, entre ellas, la directora del centro, una responsable de la Conselleria de Igualdad y el que fuera jefe de gabinete de Oltra, Miquel Real. En líneas generales, confirman la versión oficial en cuanto al inicio de las pesquisas en el centro de menores y de que no existíaun conocimiento previo -al menos no se evidencia en los correos recopilados por la Policía Nacional- de que el educador investigado, Luis Ramírez Icardi, era el marido de la vicepresidenta.

Existe un correo, en septiembre de 2017, un mes después de que Oltra conociera el caso de abusos por una citación en su domicilio, en el que una responsable de la Dirección General del Menor, dependientes de la conselleria, Ana Tarín, le dice a la directora del centro que han de entrevistarse con una letrada, llamada María José, y lo tienen que hacer por separado tanto ella como el educador. «Según me comentan es muy urgente, ya que las presiones de la DG son insistentes. Gracias y un abrazo». El teléfono que facilita es una número que corresponde con las extensiones de la propia conselleria.

El relato de Mónica Oltra se confirma con el contenido del informe. De la información analizada por LAS PROVINCIAS no aparece ningún indicio de que pretendiera ocultar la denuncia a su marido o actuar en su defensa. Ella, en su declaración, sí admitió que le dijo a su entonces jefe de gabinete que averiguara qué había pasado. Sin embargo, esa orden terminó convirtiéndose en un informe para desacreditar a la menor por su falta de credibilidad.

Se trata del segundo dosier policial que, en líneas generales, resulta favorable a la exvicepresidenta. El anterior dosier concluía que no hubo un trato previo del caso de abusos en Vicepresidencia antes de que se conocieran las diligencias judiciales y la orden de alejamiento acordada contra el agresor. Una secuencia que es la que ha mantenido Oltra desde que se conoció el caso.

El relato de defensa de Oltra fue que conoció el caso el 4 de agosto de 2017 cuando llegó una comunicación a su casa dirigida a su marido, que todavía estaba empadronado en ese domicilio. Se enteró por su vinculación personal, pero no por su cargo político.

A las siguientes semanas se abrió una investigación, el denominado expediente reservado que la Audiencia calificó de «instrucción parajudicial», para conocer la actuación previa de la Conselleria de Igualdad en las diligencias que se iniciaron nada más conocer la denuncia y que terminaron archivándose al no dar credibilidad a la menor. No se comunicó a la Fiscalía, en su totalidad, hasta dos años después, No se había aportado al procedimiento penal.

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