«Todo esto es una ilegalidad y una mangarrufa»

La denuncia se inició, como ocurre en numerosas ocasiones, por la reacción de los propios empleados. El director de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, acudió el 26 de enero de 2018 al despacho de José Luis Pellicer, responsable de Derecho Público, para advertirle sobre un correo que les había enviado el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y una reunión con este último y la Dirección-Gerencia de la empresa.

En concreto, Domingo le dijo a Pellicer: «Este asunto de los altos cargos es todo una ilegalidad y una mangarrufa por dos motivos: Cuerda y Presidencia están saltándose el EBEP -Estatuto Básico del Empleado Público- y retorciendo la ley para realizar unas contrataciones con justificaciones absurdas y están dejando al margen a la otra directora-gerente, la señora Brines (Agustina Brines, entonces gerente por parte de Compromís)».

Así consta en la denuncia presentada por Pellicer y el director económico-financiero de Divalterra, José Luis Castellote, incluida en el sumario a cuyo contenido tuvo acceso Europa Press. Domingo alegó «miedo» para acudir a Anticorrupción para investigar lo hechos porque tenía que «pagar la hipoteca de la casa donde vive su familia».