Illa restaura la relación con ERC y ajusta su programa a las cesiones a Puigdemont

Por primera vez desde la reelección de Oriol Junqueras como presidente de Esquerra en diciembre de 2024, los contactos entre ERC y el PSC se han reforzado y ambas formaciones han vuelto a sentarse a negociar con voluntad de llegar a acuerdos. El PSC modula y adapta su hoja de ruta a las circunstancias. Los socialistas han tratado de mimar a los de Junqueras, mientras Carles Puigdemont lanzaba el órdago de la cuestión de confianza y finalmente reculaba.

El PSC y el Govern permitieron al líder republicano que fuera él quien anunciara el pacto para que el Gobierno condone 17.000 millones de la deuda de la Generalitat con el FLA, antes de que lo comunicaran Hacienda y la Generralitat, y que fuera la secretaria general republicana, Elisenda Alamany, la que avanzara la creación de una empresa mixta que gestionará el servicio de Rodalies. ERC se llevó todo el mérito, provocando aún más la indignación de las autonomías del PP, y dejó en segundo plano las reuniones de las comisiones bilaterales mixtas entre la Administración central y la catalana.

Los socialistas dan por superada la crisis con los republicanos, que tras el cambio en su cúpula se negaron a iniciar nuevas negociaciones con el PSC y el PSOE. Lo peor ya ha pasado, apuntan en el Govern. En el Ejecutivo catalán creen que en cuanto ERC acabe su proceso congresual en mayo con las ponencias políticas y estatutarias, la situación puede regresar a una cierta normalidad y a un clima de mayor colaboración. Hasta el punto de que no se descarta que Esquerra pueda negociar los Presupuestos de este año (ahora los tiene vetados), tanto los catalanes como los del Estado.

Salvador Illa fue investido hace casi siete meses con los votos de ERC y los comunes. Apuntaba a esbozo de un nuevo tripartito de izquierdas, que pondría fin a 15 años de nacionalismo en el Palau de la Generalitat. Sin embargo, desde el primer día gobierna en solitario, con los 42 escaños (sobre 135) del PSC. La debilidad es manifiesta y no ha podido empezar 2025 con los Presupuestos aprobados, tal y como se fijó como objetivo. ERC tiene una nueva dirección y los socialistas negociaron la investidura de Illa con el equipo que perdió el congreso interno republican, encabezado entonces por Marta Rovira y Pere Aragonès.

Para que los republicanos y los comunes hayan vuelto a negociar con el Govern, el presidente de la Generalitat ha tenido que hacer concesiones que van contra su ideario programático. Cercanías, la deuda FLA y el avance hacia la Hacienda catalana para ERC y aumento de la tasa turística y duplicar el impuesto a la compra de vivienda a grandes tenedores para los comunes. A lo que se suman concesiones a Puigdemont.

Es la gran paradoja de Illa: gobierna teniendo que aplicar el programa de otros. Fuentes del Govern no creen que sea un problema y descartan que el electorado socialistas pudiera castigarlos por no entenderlo. En el entorno del president no están preocupados por esta cuestión, aunque fuentes de la oposición señalan que Illa perdió 75.000 votos que se fueron al PP por culpa de las cesiones de Sánchez.

El líder catalán no solo tiene que aplicar el programa de sus socios, sino también el de los socios de La Moncloa. Es el caso de la amnistía, que Illa rechazaba por completo y que ahora defiende como una herramienta útil en la normalización política, así como el traspaso a la Generalitat de las políticas de inmigración, que negocian el Gobierno y Junts desde hace un año y que tendrá que aplicar, si se cierra el pacto, el Govern socialista.

El asunto más espinoso, no obstante, es el de la financiación singular, pactada entre los socialistas y ERC a cambio de la investidura de Illa. El PSC, desde una convicción federalista, siempre ha rechazado un modelo a la vasca para Cataluña. Ahora, lo está asumiendo, porque de la propuesta que terminen de negociar el Gobierno y el Govern dependerá no solo el apoyo de ERC al Ejecutivo catalán, sino el de Puigdemont, que tiene mucho que decir en este asunto, a Sánchez.