Otra brecha en el Consell: Illueca se encara con Bravo

«Lo que está pasando ahora mismo, que violadores salgan beneficiados por la aplicación de la reforma, es un tema que se advirtió en los informes preceptivos, como el CGPJ, especialistas en el ámbito jurídico ya alertaron de que esto podría pasar. Sí que tendríamos que plantearnos la necesidad, primero de reflexionar si las observaciones de los informes preceptivos durante el trámite de la elaboración de una ley deberían tenerse más en cuenta, porque de este tema ya se alertó. Lo que no podemos consentir de ninguna manera es que un déficit en la técnica legislativa genere esta confusión o interpretaciones que perjudiquen a las víctimas. Si ahora se abre una interpretación que beneficia a los agresores y perjudica a las víctimas habrá que plantearse la reforma de la ley», ha señalado Bravo.

Illueca, a través de las redes sociales, y en referencia a las declaraciones de la consellera de Justicia, ha indicado que «el problema no es la ley, es la resistencia de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad. Los responsables públicos deberían evitar mensajes que generan inseguridad jurídica a las mujeres».

La interpretación de Bravo es compartida por otros socialistas, así como por miembros del PP. El vicesecretario de acción institucional del PP, el valenciano Esteban González Pons, ha recordado también a través de las redes sociales las salvedades a la ley del ministerio de Irene Montero por parte del Poder Judicial.

«El CGPJ, en su informe preceptivo, advirtió al Gobierno que se rebajaba la pena al delito de violación y el Gobierno ignoró la advertencia. La desprotección de las víctimas y el error jurídico es tan grande que no se resuelve con insultos, sino con dimisiones. Vergüenza, señoras», indica González Pons.

Preguntada por esta advertencia, la delegada de Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell ha explicado que cambiar ahora la normativa (que lleva en vigor algo más de un mes) sería «jurídicamente una barbaridad» y ha rechazado el razonamiento esgrimido por Bravo o González Pons. «El informe del CGPJ no advertía de esta situación. No se pueden leer las frases a mitad. Se indicaba que si hubiera una reducción del límite máximo, a quien le hubiera puesto 15 años de pena habría que revisarse. Pero lo que está sucediendo es inédito en nuestra historia penal, y es que se revisan condenas, cuando se ha rebajado el límite mínimo pero mantenido el máximo. Precisamente, el CGPJ advirtió, no rebajen el máximo porque entonces habrían revisiones de sentencia. Pero no ni el CGPJ, ni el Consejo Fiscal, ni ningún grupo parlamentario, ni el Consejo de Estado, nadie pudo prever que se rebajen las condenas sin rebajar los máximos. Hay que leer las frases completas. No digan quel el CGPJ ya lo advirtió porque eso es sencillamente falso», ha señalado la juez y exdiputada de Podemos.

«Aquí lo que hay es una resistencia feroz de un sector de la judicatura a los avances en materia de igualdad. Si esos avances van impulsados por Podemos, la resistencia es más intensa. La separación de poderes exige interpretar la norma conforme al espíritu del legislador y del tiempo actual. Claro que los prejuicios machistas pueden estar influyendo. Los responsables públicos debemos ser conscientes de esto y debemos evitar generar alarma e inseguridad jurídica a las mujeres», ha indicado el vicepresidente segundo Héctor Illueca.