Imelsa ocultó un informe para tener altos directivos hasta 85 minutos antes de aprobarlo

valencia. El informe jurídico elaborado por el secretario del consejo de administración de Divalterra, que a su vez es el letrado de Presidencia de la Diputación, y que dio luz verde a los contratos de alta dirección en la empresa pública heredera de la vieja Imelsa no resultó accesible para los miembros del consejo hasta 85 minutos antes de que comenzara la reunión en la que, finalmente, se dio luz verde a dos nuevas contrataciones bajo esa fórmula. El documento, al que ha tenido acceso este diario, hace alusión directa o indirecta a al menos otros cuatro análisis de carácter jurídico solicitados por la empresa pública en relación con estos nombramientos.

Tal y como reveló este diario el pasado domingo, un informe jurídico elaborado por Tomarial, la asesoría jurídica externa contratada por Divalterra, rechazaba la posibilidad de que esta firma pudiera realizar contratos de alta dirección. El dictamen, con fecha del pasado 8 de febrero, exponía las razones por las que Divalterra, una empresa de propiedad pública, no tenía margen para contratar personal de confianza, con carácter temporal -porque esa fórmula es válida para la Administración pública, pero no para sus empresas-. Por ese motivo, remachaba, tanto las cuatro contrataciones realizadas previamente como las dos nuevas aprobadas el pasado día 19 tendrían naturaleza de relación laboral común, y consideración de trabajadores fijos de pleno derecho.

La corporación provincial remarcó el domingo que, pese al dictamen de Tomarial, un nuevo informe jurídico elaborado por el letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda, permitió sacar adelante los nombramientos con ese contrato de alta dirección.

El informe al que hace referencia la institución que preside Jorge Rodríguez, y al que ha tenido acceso este diario, está firmado con fecha del pasado 14 de febrero. En el documento, Cuerda viene a justificar las incorporaciones -que gracias a esa consideración de alta dirección obvian los principios de acceso al empleo público-. Y para ello hace mención a informes previos solicitas por la propia empresa provincial, precisamente para conocer la legalidad de los nombramientos que pretendía llevar a cabo. De hecho, se identifican hasta cuatro dictámenes jurídicos.

Con todo, este informe que permitió a la dirección de Divalterra sacar adelante sus contrataciones no resultó de público acceso para los miembros del consejo de administración hasta las 10.35 horas del día 19 de febrero, escasos 85 minutos antes de que arrancara el consejo de administración que aprobó las contrataciones. Las 10.35 horas es el momento en el que la web accesible para los consejeros de la empresa se modificó para incorporar este dictamen. De hecho, el día que en esa misma web se publica la convocatoria del consejo, el viernes 16 de febrero, los nuevos nombramientos no aparecen entre los asuntos a tratar hasta sólo unos minutos antes de las dos de la tarde. Las fuentes consultadas consideran que cuando se hizo esa convocatoria se debería de haber puesto a disposición de los consejeros toda la documentación.

Algunos medios vincularon la redacción del informe del secretario de Divalterra con las garantías exigidas desde Compromís para aprobar estas designaciones. A la reunión del consejo que aprobó esos nombramientos sólo acudieron cinco de los catorce consejeros de la empresa de la Diputación. Y de ellos, sólo los tres del equipo de gobierno provincial -incluida la vicepresidenta María Josep Amigó- lo apoyaron.