La incompatibilidad de una juez obliga a aplazar el juicio por los pagos al exsecretario de Canet d'en Berenguer

La vista se había iniciado hoy, tal y como estaba previsto, y mientras las partes -acusaciones y defensas- exponían sus cuestiones previas, la ponente se ha percatado de que el caso se remonta a 2013 en el juzgado donde ella trabajaba en ese momento.

Ante esta coincidencia, ha pedido comprobar si ella había participado en algún momento en la instrucción de la causa, y se ha notificado que así fue, puesto que dictó el auto de incoación en noviembre de 2013 y llevó la instrucción durante un año. Esto es causa de abstención, con lo que ha suspendido el juicio y se retomará con otra ponente, Concepción Ceres.

El juicio se dirige contra el que fuera alcalde de San Antonio de Benagéber entre los años 1997 y 2015; el exsecretario interventor de la misma localidad y el exsecretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer y abogado en activo, José Antonio Sancho Sempere.

Este último, Sancho Sempere, forma parte de lo que se conoció en su día como la trama de las asesorías, una serie de operativas de facturación a diferentes municipios por informes de conveniencia. El resultado de estos procedimientos judiciales ha sido dispar. Se ha producido alguna condena, pero también absoluciones.

Los tres se enfrentan a nueve años de inhabilitación de la administración local -tal y como reclama provisionalmente el ministerio fiscal- por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Según se desprende de la calificación fiscal, Sempere asumió desde 2003, de manera exclusiva, la representación procesal del Ayuntamiento de San Antonio en distintos litigios. Este encargo se hizo por el exalcalde, mediante una atribución verbal, sin pactar un precio concreto y sin seguir el procedimiento legal establecido.

En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011, «puesto de común acuerdo» con los otros dos acusados, presentó al cobro distintas facturas por importe inferior a 12.020 euros y 18.00 euros, «incluyendo de manera fraccionada los distintos procedimientos judiciales en los que había intervenido, suscrito con el Ayuntamiento, cuando lo cierto es que todas ellas obedecían a la misma prestación de servicios».

Una vez presentadas las facturas, el exsecretario de San Antonio dio su conformidad «sin oponer reparos u observaciones, con pleno conocimiento de que no exigía ningún vínculo contractual válidamente constituido que amparase dichas minutas». Seguidamente se autorizó el pago. Según el escrito del ministerio fiscal, el importe total facturado superó los 146.000 euros.