El incremento del gasto del Consell dispara a casi 2.500 millones los números rojos

La infrafinanciación se ha convertido en el bálsamo universal para justificar todos los males de las cuentas del Gobierno valenciano. No hay agujero o desajuste que la Conselleria de Hacienda no atribuya a la falta de fondos por parte del Ejecutivo central. Incluso cuando año tras año se trampea a la calculadora a la hora de cuadrar los presupuestos autonómicos con ingresos ficticios que impiden presentar un balance saneado al final del ejercicio.

El pleno del Consell aprobó ayer la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2019 en el que reconoce un agujero sólo en el pasado ejercicio de 2.456 millones de euros, 269 millones más que en el cierre del año pasado, aunque Hacienda prefiere tomar como referencia el último año antes de la llegada del actual Gobierno para hablar de un descenso del desequilibrio entre ingresos y gastos de un 34,8%.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, evitó comparecer junto a la portavoz del Consell, Mónica Oltra, que tampoco detalló las líneas generales de las cifras. Ya lo hicieron en una extensa nota de prensa en la que la liquidación ni siquiera era el titular, y tomando como referencia datos de 2014. Lo cierto es que desde el año pasado el agujero aumenta, y lo hace porque el gasto del Consell se ha disparado y ha crecido en algo más de 1.100 millones de euros. De hecho, el agujero de 2019 es el peor de las legislaturas Botánicas. En 2016, 2.189,5 millones de desequilibrio, en 2017, 1.975,5 millones, y en 2018. 2.187,1millones de euros.

Sin embargo, la explicación oficial sitúa el desajuste en que los ingresos presupuestados no se han cumplido, mientras que los gastos han sido mayores. Mientras el incremento de los ingresos ( 4,4%) ha sido inferior al de los gastos -por encima del 7,2%-.

Y es que según el mantra que defiende habitualmente el conseller de Hacienda, Vicent Soler, desde el Consell consideran que la Comunitat tiene el mismo derecho que el resto de comunidades a mantener un nivel de gasto como el de la media. De ahí la inclusión de las partidas ficticias -de 1.380 millones de euros- en los presupuestos autonómicos cada año. Según la Generalitat, los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, correspondientes al gasto acumulado hasta noviembre de 2019, certifican que el gasto por habitante de la Comunitat Valenciana estaba convergiendo con el gasto medio de las autonomías de régimen común, aunque todavía seguía siendo ligeramente inferior a la media.

Cabe recordar que el presupuesto de la Generalitat del año pasado fue claramente expansivo, coincidiendo con año electoral. Desde el Consell justifican que se está «apostando por reforzar los servicios públicos fundamentales y muestra de ellos son los incrementos presupuestarios por un total de 1.167,3 millones que han experimentado las consellerias de Sanidad, Educación y Políticas Inclusivas». Así, el presupuesto de 2019 en Educación creció en 515 millones, un 10,9% respecto a 2018; en Sanidad el incremento fue de 292,5 millones, lo que supone un crecimiento del 4,05% en el mismo periodo; y en Políticas Inclusivas subió su dotación en 359,7 millones, es decir, un 28,7%.

El presupuesto final de la Generalitat de 2019 ascendió a 24.334,6 millones de euros y la ejecución fue de 22.834,9 millones. Asimismo, a 31 de diciembre de 2019 se habían abonado un total de 20.314,1 millones, que suponen un 89% respecto del total de las obligaciones reconocidas, 1.700 millones más que en 2018, es decir, un aumento del 9,1%. Por su parte, el remanente de Tesorería es de menos 3.139 millones, según argumenta el Consell, debido «a la infrafinanciación que sufre la Comunitat», y avisan de que «mientras no se disponga de un sistema de financiación autonómica justo que aporte a la Comunitat los recursos que necesita, seguirá habiendo tensiones de tesorería».

La liquidación que se hizo pública ayer corresponde exclusivamente al Presupuesto de la Administración de la Generalitat, es decir, no incluye organismos autónomos ni el resto de entidades del sector público.