Los indicios que cercan a Mónica Oltra

El TSJ admite que no hay prueba directa contra la aforada. Circunstancia que evidentemente conoce también la Fiscalía y el juez instructor que elevó el asunto a la Sala de lo Civil y Penal. Esto dificulta, pero no impide un eventual relato acusatorio a través de la acumulación de indicios. ¿Y qué hay en la causa que apunte hacia la vicepresidenta del Consell? Son numerosas las sospechas acerca de una negligente actuación del departamento. Por ejemplo, nunca se denunció este caso por el personal del centro ni de la conselleria. Todos las personas que abordan el asunto en este ámbito lo hacen en contra de la versión de la menor. En cambio, seis personas al margen de la influencia de la Generalitat sí le dan credibilidad para denunciar el caso a la Policía.

Finalmente, la Policía Autonómica se entera por casualidad de estos hechos. E incluso en ese momento, la directora del centro les dice que eso ya lo habían investigado y que aquello no era cierto. Pese a todo, los agentes cumplen con su deber.

En el expediente de la menor se omite la identidad completa del abusador, no se le separa de centro y se le permite -incluso consulta a la directora- si debe añadir algo a una especie de protocolo de actuación que realiza a posteriori de los hechos. Durante el episodio de abusos, finales de 2016 y principios de 2017, el acusado estaba empadronado en el mismo domicilio que Mónica Oltra, según el informe municipal solicitado por el juzgado. En agosto, Oltra se entera, por una notificación en su domicilio, de los graves hechos que se le imputan a su marido. Hasta esa fecha su pareja no le comunica nada. El entorno de Oltra dice que no convivían desde mayo de 2016. La vicepresidenta no se divorcia hasta ese mes de agosto.

Ese mes resulta clave en las sospechas de la Fiscalía, el juez y ahora el TSJ. Oltra da la orden de abrir un expediente -información reservada se llega a denominar- para averiguar los protocolos empleados en esa primera fase de la investigación. El dosier acaba por convertirse en un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la Generalitat, según la tesis del ministerio público. La vicepresidenta primero dijo que la orden fue suya. Ahora ha rectificado y sostiene que no tuvo nada que ver. El juez ya alertó en su día de que un funcionario se podía equivocar. «Pero ¿todos?», se preguntó. Eso es lo hay que aclarar.