Indignación en las defensas de Azud por la «instrucción paralela» de la UCO

Los letrados coinciden en que se está realizando una «subcontratación de la instrucción». Entienden que el dosier no forma parte de alguna de las seis piezas que hoy siguen bajo secreto, pero en ese contexto ignoran por qué las declaraciones se efectúan al margen del juzgado. Llegan a sugerir, incluso, la posibilidad de que en esa «instrucción paralela» se aporten únicamente las diligencias cuyo resultado interesa a la acusación, pero no las pruebas de descargo.

Las defensas han pedido incluso que se expulsen estos documentos de la investigación. Aportan otro detalle que se deriva de este particular modo de acción de los agentes. Se desconoce de qué forma se efectuaron las preguntas y la posibilidad de que estas sean «sugestivas o capciosas». Todavía no entienden cómo esto se permite en una causa que arrancó hace más de siete años.

Los letrados concluyen que todo esto afecta de manera indubitada al derecho de defensa porque las declaraciones están «contaminadas» e «invalidan» las que después se presten en el juzgado. La reacción de la instructora ha sido citar a todos los testigos para el próximo mes de marzo, en apenas una semana.

El último informe de la Guardia Civil apuntalaba las sospechas acerca de algunas operativas. En primer lugar, el negocio de un mediático y olvidado proyecto: la construcción de un centro comercial con una pista de esquí, una copia para la capital del Turia del complejo Xanadú, en Madrid.

Los agentes interrogaron al ideólogo de las instalaciones madrileñas así como a los directivos de la empresa valenciana que iban a dirigir el proyecto. La firma supuestamente abonó a Corbín importantes cantidades (138.000 euros) para encargarse de la gestión de los trámites municipales. «Era la persona más óptima para la tramitación del papeleo, alguien que lo acompañe y lo oriente lo relacionado con el Ayuntamiento de Valencia», indicó un testigo. «Era el cuñado de la alcaldesa y se movía muy bien por el Ayuntamiento», añadió.

De igual modo se profundizó sobre la sospecha de los pagos al letrado desde la UTE Los Hornillos, una de las plantas de basura en las proximidades de Valencia. El responsable interrogado admitió que ignoraba qué papel pudo desempeñar el familiar de la alcaldesa con las sociedades gestoras de la instalación. De hecho, el contrato, también de asesoramiento, debió ser firmado por este gerente y lo desconocía. «No conozco el despacho ni sus funciones y no he visto nunca un dossier confeccionado por ellos».

Por último, se tomó declaración al empresario que reformó el chalé de lujo de Corbín en la urbanización el Tossalet, habitual residencia de verano de Rita Barberá. Dijo que todas las obras se pagaban en efectivo. Cerca de 60.000 euros en diferentes actuaciones.