Un informe del Consell desmonta la negativa de Montero a dar ayudas

El informe elaborado por el departamento que dirige Ruth Merino señala que el Gobierno de España puede activar mecanismos legales y administrativos para asignar recursos extraordinarios, incluso con unos presupuestos prorrogados. Para ello, la Administración del Estado debería contemplar ese importe como gasto a transferir a la Generalitat, bien en unos nuevos PGE o bien en unos presupuestos prorrogados, que deberían modificarse para incluir una generación de crédito.

Ese crédito generado podría venir de recursos de la UE transferidos al Estado o de que la Administración del Estado se endeudase para ese fin, se señala.

La administración autonómica considera «rotundamente falso» que hagan falta unos nuevos PGE para que el Gobierno pueda inyectar a la Generalitat los recursos a fondo perdido necesarios para la reconstrucción. «Un presupuesto prorrogado sí se puede modificar. Vincular esa transferencia extraordinaria de fondos a la aprobación de unos nuevos PGE puede calificarse de un chantaje en toda regla», indica una fuente del Consell.

De hecho, el Gobierno valenciano recuerda que existe un precedente cercano, concretamente de 2020. Ese año, y a pesar de gobernar con los presupuestos prorrogados de 2018, el Fondo de Contingencia que inicialmente contaba con 2.276 millones de euros fue aumentado en 1.200 millones debido a la Covid-19, hasta alcanzar los 3.400 millones como medida excepcional en respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.

Por tanto, señala el Consell, la negativa de Montero a utilizar mecanismos completamente legales que podrían permitir transferencias a fondo perdido con presupuestos prorrogados es una limitación política, pero no técnica. «¿Por qué lo que sí se pudo hacer en la pandemia no puede aplicarse ahora?», se pregunta.

Tal y como ha revelado este diario, la vicepresidenta Montero ha remitido una carta a la consellera de Hacienda en la que le responde a su petición de recursos a fondo perdido para hacer frente a la tragedia de la DANA. Montero contesta emplazando a la Generalitat a endeudarse y dejando entrever que no pondrá problemas a la hora de modificar el tope de déficit y las reglas de gasto.

¿Y las transferencias directas? Montero señala que «para poder realizar transferencias directas, sabes bien que resulta imprescindible contar con unas nuevas cuentas públicas que recojan la dimensión de esta tragedia». «Tengo plena confianza en que, dadas las circunstancias y el enorme desafío que afrontamos, ambas administraciones podremos contar con la colaboración de las distintas fuerzas políticas en las respectivas cámaras parlamentarias», zanja.

La consellera Merino se ha referido este miércoles a la posición de la vicepresidenta Montero. Y ha considerado que la transferencia de recursos a fondo perdido «es la primera y más urgente petición de la Generalitat a la que el Gobierno de España se niega por motivos estrictamente de interés partidista».

Merino considera que al condicionar la urgente necesidad de recursos para la reconstrucción de Valencia a los apoyos para aprobar unos nuevos PGE, «Montero recurre a un chantaje intolerable que no vamos a permitir. Es falso que unos presupuestos prorrogados no se puedan modificar para incluir los recursos urgentes que la Comunitat necesita», ha añadido.

Merino ha exigido a la titular de Hacienda del Gobierno de Sánchez que «deje de engañar» a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que «lo que necesitan es ayuda, no chantajes ni mentiras». Y ha añadido: «No permitiremos que el Gobierno haga pagar a las víctimas de la riada su extrema debilidad para sacar adelante unos nuevos PGE».

La consellera de Hacienda ha mostrado su sorpresa y su indignación porque la misma ministra «que es capaz de maniobrar al borde de la legalidad para satisfacer a sus socios independentistas se niegue ahora a utilizar mecanismos perfectamente legales y viables para atender la urgencia derivada de la riada».

Porque de lo que hablamos en este caso, ha añadido, «es de reconstruir una provincia y atender las urgencias de las más de 840.000 personas directamente golpeadas por la riada». La consellera se Hacienda y Economía ha señalado que como de costumbre, «Sánchez y Montero están dispuestos a todo para mantenerse en el poder por encima de todo, incluso de pasar por encima de las necesidades de los valencianos que han tenido la desgracia de sufrir esta tragedia natural sin precedentes».

En la carta remitida al Gobierno valenciano, a cuyo contenido tuvo acceso este diario, Montero destacaba que el Ejecutivo de Sánchez se ha volcado con ayudas a la Comunitat Valenciana -el presidente ha anunciado este miércoles un tercer paquete de medidas, que ya superan ha dicho, los 16.600 millones-. Lo que no incluía el escrito es la referencia a que una parte de esas ayudas, hasta 5.000 millones de euros, son avales del ICO para acceder a créditos de los bancos y que, por tanto, quienes los disfruten tendrán que devolverlos en algún momento.