Un informe interno paraliza la aprobación del pacto entre el Gobierno y el Consell para la ley de Función Pública

El suplicio de la ley Ley Valenciana de Función Pública es infinito. No parece tener final. La Conselleria de Justicia y Administración Pública no se logra quitar de encima esa normativa ni cuando el Gobierno valenciano decide elaborar un «decreto omnibus» (así lo calificó la vicepresidenta Oltra el viernes) en el que el Consell aprobó la semana pasada modificaciones en una veintena de textos legales. Entre ellos no se incluyó el de la nueva norma de Función Pública. El departamento de Gabriela Bravo quería, pero no pudo. No pasó el filtro del 'consellet', la reunión de los subsecretarios de las consellerias en la que se deciden los temas que finalmente llegan al Ejecutivo autonómico para recibir la luz verde. El motivo fue un informe jurídico en el que se advierte de que los cambios introducidos en la ley, pactados con el Gobierno central, no habían pasado por el filtro de la mesa de diálogo del sector público. Ante la posibilidad de que el defecto de forma pueda facilitar un recurso de quien discrepe de la ley, se decidió prolongar el mayor culebrón legislativo del tripartito desde su puesta en marcha en 2015.

El Gobierno central paró la ley de función pública valenciana en septiembre, cinco meses después de su aprobación, un alumbramiento que ha precisado dos legislaturas. Después de años y años de amasar la ley en el Consell y una vez finalizaron las negociaciones con los sindicatos para buscar el mayor consenso posible. Les Corts aprobó hace un año el controvertido articulado, con los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición. Sin embargo, el texto fue revisado por el Ejecutivo de Sánchez, que en septiembre comunicó a la Conselleria de Justicia sus discrepancias acerca de 14 artículos y cuatro disposiciones. Una revisión técnica, según el departamento que dirige Bravo. Sin embargo, hizo falta medio año más para que, al fin, los gobiernos central y autonómico alcanzasen un acuerdo. A mitad de febrero lograron cuadrar el círculo.

La ley, modificada, se quedó más de un mes en un cajón. Con motivo del decreto de medidas en relación a la guerra de Ucrania, Justicia intentó incluir esas modificaciones en el decreto multilegislativo. Sin embargo, existe un informe interno de la Generalitat en sentido contrario y la tramitación quedó paralizada de nuevo. El motivo del rechazo de los servicios jurídicos del Consell es que Justicia no se ha sentado con los sindicatos para darles cuenta de los cambios en la ley. Es necesario un trámite de audiencia, realizar una consulta a los sindicatos con los que negoció el texto. La conselleria no está obligada a lograr la aquiescencia de los agentes sociales para sacar adelante el nuevo texto normativo, pero sí es preceptivo que se siente con ellos. Ese pasó se lo saltó la conselleria y ahora lo tendrá que dar.

El consenso alcanzado en febrero en la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat en relación con la ley valenciana fue publicado el 23 de febrero en el BOE y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El acuerdo implica hacer una modificación legislativa, que era lo que la conselleria pretendía aprobar la semana pasada. La norma valenciana se aprobó antes de que viera la luz el nuevo Estatuto del empleado público y debía realizarse una adaptación en lo que se refiere al personal funcionario interino.

Así que, de nuevo, la ley queda aparcada y se erige, aún más si cabe, en el mayor ejemplo de cómo se puede retrasar la implementación de una ley por un compendio de accidentes, torpezas, dificultades, complicaciones y, también, falta de precisión en la tramitación. El conjunto de factores ha propiciado que cuando falta un año para cerrarse la segunda legislatura del tripartito al frente del Consell, su ley para regular la actividad del funcionariado de la Generalitat, que comenzó a gestarse en 2016, siga sin ver la luz. Compromís, durante la pasada legislatura, planteó mucha resistencia a la nueva ley del funcionariado valenciano. Posteriormente, los sindicatos también mostraron un buen número de discrepancias, y en algún caso las mantienen. Es un texto muy vigilado y el Consell debe andar con pies de plomo para sacarlo adelante si no quiere que un tribunal lo tumbe. Cuando todos los obstáculos parecían salvados, apareció el Gobierno central, y ahora una nueva pega.

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