Los ingresos de la Comunitat por financiación caen a niveles de 2019

La Comunitat Valenciana forma parte, junto con la Región de Murcia y Andalucía, del bloque de las regiones infrafinanciadas que reivindican que la población ajustada sea la clave del nuevo modelo. El Gobierno valenciano se ha inventado en los presupuestos para el próximo año más de 2.300 millones de ingresos que, según justifica, incluye en los presupuestos porque el actual sistema de financiación no le da para cubrir el coste de los servicios públicos de los valencianos. El Consell viene justificando su decisión, que derivará en más déficit y en un incremento de la deuda, en que el gasto per cápita de la Comunitat no llega a la media española.

Ese proyecto de presupuestos arroja, además de esos ingresos falsos, otro dato significativo. Si los ingresos por la financiación autonómica eran escasos, en 2022 aún lo serán más. La Comunitat Valenciana recibirá el próximo año casi 500 millones de euros menos de lo que ha ingresado este 2021. En concreto, según figura en la memoria de ingresos de las cuentas autonómicas del próximo ejercicio, la administración autonómica recibirá 10.865.283.620,00 euros. Es decir, algo menos de 11.000 millones de euros.

¿Y eso es mucho o es poco? Lo que sin duda resulta es menos que la cantidad recibida o pendiente de recibir en su totalidad en 2021. Porque para este ejercicio la financiación autonómica dejó en las arcas valencianas 11.343.887.710,00 euros. La diferencia son 478,6 millones de euros.

Que la Comunitat vaya a recibir en 2022 menos fondos por la financiación que en 2021 era algo más o menos previsible. El modelo de reparto de fondos en vigor se compone de dos partes: las entregas a cuenta que se producen en el ejercicio natural, y la liquidación que se realiza dos ejercicios después. En 2022, por ejemplo, las entregas a cuenta ascenderán a 10.269 millones de euros. Pero la «previsión» de la liquidación del modelo, correspondiente al ejercicio económico de 2020, «se quedará» en 595,4 millones de euros. El ejercicio anterior, sin ir más lejos, la cantidad recibida por la liquidación del año 2019 ascendió a 1.613 millones de euros, una diferencia de 1.017 millones y una caída del 63%. 2020 es el desgraciado año de la declaración del Covid como pandemia mundial, del inicio de una pesadilla que todavía sigue, de una crisis sanitaria, social y económica de cuyas dimensiones aún no somos conscientes. El confinamiento de los ciudadanos y el parón de la actividad económica incide directamente en los fondos a repartir entre las CCAA. Las cifras así lo demuestran.

2022 es peor que 2021, en términos de ingresos por financiación autonómica, pero también que 2020. Ese año, según los datos de la propia administración autonómica, los ingresos por financiación, ascendieron a 11.650 millones de euros, es decir, 785 millones más que el próximo año. Los fondos recibidos ese año –9.801 millones de entregas a cuenta y 1.849 millones de liquidación– constituyen la cantidad más alta reseñada por la administración autonómica en sus presupuestos.

De hecho, los 10.865 millones de 2022 sólo son comparables a los 10.631 millones de 2019, el año inmediatamente anterior a la declaración de la pandemia. Para el próximo ejercicio, en el que se hace evidente la necesidad de contar con un respaldo financiero público que sirva de apoyo a los sectores productivos para superar la crisis –junto a la inestimable ayuda de la llegada de fondos europeos–, el dinero que llegará de la financiación vuelve a niveles de tres años antes.

Con esas cifras, la urgencia de reformar el modelo se hace más acuciante si cabe. Puig acudió el pasado viernes a la sede de los socialistas en Ferraz para tratar de consensuar una posición común del partido ante el debate que se abre. Fue imposible. De hecho, varias comunidades presididas por el PSOE acudirán el próximo día 23 a Santiago, tras la convocatoria del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo para impulsar una alianza de las autonomías con problemas de envejecimiento y dispersión de su población. Hasta ocho CCAA tienen previsto acudir a esa cita, en la que no estarán la Comunitat Valenciana, Andalucía ni Murcia. Tampoco Madrid, Cataluña y Baleares, con reivindicaciones distintas ante el cambio de modelo.