La Iniciativa Legislativa que promovió el Botánico se estrena contra el Botánico

En pleno debate sobre la ley de Función Pública y la incorporación del requisito lingüístico para ser funcionario, Les Corts han comenzado la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre libertad de elección de lengua que, en esencia, trata de proteger el derecho a la utilización del castellano en el ámbito de la Comunitat. Por decirlo así, la iniciativa -la primera que se presenta con la nueva ley de ILP que aprobó el Botánico la pasada legislatura con un papel fundamental de las diputadas Isaura Navarro y Fabiola Meco y que pretendía facilitar la presentación de este tipo de propuestas-, va justo en la dirección contraria de las políticas del Consell que lidera Puig y Oltra, con Vicent Marzà al frente de Educación, en materia lingüística.

La propuesta, que ahora debe validar la Junta Electoral para que arranque el proceso de recogida de firmas, es además la primera que afecta al Título I del Estatuto de Autonomía de la Comunitat, ámbito que permanecía vedado a la presentación de este tipo de iniciativas hasta la reforma de la ley en mayo de 2017. Un cambio que permitió, además, reducir a 10.000 el número de firmas necesarias para llevar a la Cámara autonómica una propuesta de reforma.

El texto que tramitan ahora Les Corts viene de la mano de hispanohablantes.es, un colectivo que se define como 'asociación apartidista sin ánimo de lucro' creada para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. 'Proponemos una política lingüística homologable a las de los países con varias lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de lengua; una política que tenga como eje los derechos de las personas, y que estas no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas', se explica.

La iniciativa presentada a Les Corts es una propuesta de ley que consta de diez artículos y que, en lo que vendría a ser su exposición de motivos, señala que la cooficialidad lingüística «no puede significar que el castellano sea excluido o relegado en favor de la lengua autonómica, tampoco en el ámbito del poder público autonómico».

La propuesta defiende satisfacer las «preferencias lingüísticas reales de los ciudadanos», que tendrán reconocido el «derecho de opción lingüística» para poder utilizar la lengua oficial de su elección en las relaciones con los poderes públicos, sin que el hecho de la existencia de las diferentes lenguas autonómicas pueda suponer un obstáculo. «No será necesario que todos los empleados públicos conozcan el valenciano, sino que bastará con que la Administración organice sus recursos humanos para que garantice los derechos reconocidos en la ley». Una afirmación que va en la dirección contraria a la consideración del requisito lingüístico en el acceso a la función pública.

Textualmente, la propuesta de ley -que ahora debe ser validada para que comience el proceso de recogida de firmas- establece que las señalizaciones y las informaciones de carácter general, así como los impresos, formularios y folletos de todo tipo, dependientes de los poderes públicos estarán redactados y disponibles (...) al menos en las dos lenguas oficiales.

La propuesta de ley incluye el derecho de los ciudadanos a elegir, entre las lenguas oficiales en el territorio, la lengua vehicular en la que van a recibir la enseñanza en cualquiera de sus etapas y modalidades. No sólo eso: en su artículo 6 se especifica que los alumnos que se incorporen al sistema educativo de la Comunitat Valenciana procedentes de otra parte del territorio nacional o del extranjero «gozarán, a partir del último ciclo de primaria, este incluido, de una exención de la calificación en valenciano en al menos tres cursos académicos». Si el alumno se incorpora al sistema educativo en Bachillerato, esa exención será para toda su vida académica.

La propuesta establece también que no se podrá condicionar al uso de una determinada lengua la concesión de subvenciones o ayudas públicas a personas físicas o jurídicas. Se exceptuarán cuando se trate de ayudas vinculadas al ámbito cultural y artístico, «siempre y cuando no se excluya de su concesión el uso de la otra lengua oficial a la que se reservará al menos un tercio de su cuantía».

La propuesta de hispanohablantes.es señala también que en los territorios en que existan dos o más lenguas oficiales «serán oficiales las formas toponímicas en dichas lenguas». Una referencia que, en el caso de la Comunitat, recuperaría la forma castellana para municipios como Xàtiva, pero también la valenciana para localidades castellanohablantes, como Orihuela o Chiva.