La injerencia de Marlaska provoca un seísmo en la Guardia Civil y la judicatura

La injerencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al destituir de forma fulminante al jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por «falta de confianza» después de que el coronel enviara un informe a la jueza que investiga el 8-M ha provocado un seísmo sin precedentes en el seno de la Benemérita y la judicatura. El citado informe subraya que el Gobierno debió suspender todos los actos multitudinarios a partir del 5 de marzo puesto que en esas fechas ya exitía «un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios».

El malestar que el cese de Pérez de los Cobos ha generado dentro de la Benemérita se manifestó desde primera hora de ayer con la dimisión del número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña; un escrito de la instructora de la causa del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, dirigido al Ministerio del Interior advirtiendo de que la Benemérita -que actúa como Policía Judicial- debe guardar «rigurosa reserva» sobre las investigaciones, y la petición de la Asociación Profesional de la Magistratura -mayoritaria en la carrera judicial- de que se restituya a Pérez de los Cobos al menos hasta que se concluya la causa judicial.

El terremoto desencadenado obligó a Marlaska a improvisar una supuesta «reordenación interna» de equipos para justificar la salida del coronel. Lo hizo en una comparecencia tras el Consejo de Ministros en la que no estaba prevista su presencia. Pese a ello, el titular de Interior dijo que el cese entraba dentro de un proceso iniciado tiempo atrás con el nombramiento en enero de María Gámez como directora de la Benemérita, y que la salida de Ceña estaba «diseñada» para marzo puesto que se jubilaba -aunque el teniente general pidió continuar hasta que se levantara el estado de alarma-. «Es razonable, normal, la potestad de reconstituir nuevos equipos dentro del ámbito de máxima confianza que se plantea un dirigente en un ámbito concreto», alegó el ministro.

El ministro se sacó otro as de la manga con el que, supuestamente, calmar los ánimos en los cuarteles. Anunció un tercer aumento salarial de guardias civiles y policías para igualar los sueldos que, aunque se avanzó ayer, no se ejecutará hasta dentro de unos meses.

En ningún caso, el titular de Interior quiso aclarar si la salida del jefe de la Comandancia de Madrid está relacionada con la decisión de no informar a sus superiores sobre el polémico informe de la causa que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar, entre otras, la manifestación del Día de la Mujer (8 de marzo) en plena propagación del virus. «No ha habido injerencias», defendió el ministro.

«Con más de 30 años de juez, sé perfectamente cuál es la competencia de un ministro, de un juez. Y hay una palabra que no la conjugo: injerencia», respondió Grande-Marlaska a la advertencia realizada por la jueza Rodríguez-Medel. La instructora informó de que actuaría si se demuestra que el cese está relacionado con la intención de Interior de conocer el informe. Unas pesquisas, dijo, que los agentes sólo debían comunicarle a ella.

Fuentes cercanas al Instituto Armado señalaron que la destitución de Pérez de los Cobos se produjo al no haber comunicado al ministerio que había remitido al juzgado el citado informe.

En este sentido, desde la Asociación Profesional de la Magistratura instaron a Marlaska a explicar en qué consiste la «pérdida de confianza», ya que cualquier otra circunstancia «supondría dejar en manos de los intereses partidistas del político de turno un instrumento coercitivo como es el Derecho Penal», subrayaron. También la Asociación de Fiscales denunció ayer la «intromisión ilegítima» del Gobierno y alertó del «inquietante precedente» que supone este «ataque a la independencia de criterio e imparcialidad» de la Benemérita.

En cualquier caso, el de Pérez de los Cobos no es un peón cualquiera en el tablero. Su figura quedó muy marcada por su intervención, por orden judicial, el 1-O y la oposición en bloque, PP, Vox y Ciudadanos, volvieron a pedir ayer cuentas al Gobierno por esta «agresión» sin precedentes a la Guardia Civil y al Poder Judicial.

En el lado opuesto, el cese del coronel murciano de 56 años contenta sobremanera a ERC, socio de investidura, que le considera enemigo público del independentismo por su virulencia en el juicio del 'procés'. También los comunes, en Cataluña, y Podemos, en Madrid, aplaudieron su destitución.

El daño colateral que avivó ayer los ánimos en el instituto armado fue la dimisión del teniente general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo (DAO). En clave interna se interpretó como una cuestión de honor con su colega Pérez de los Cobos, al negarse a firmar la carta de despido. Pero el ministro prefirió darle un matiz pragmático, agradecer sus «excelentes» servicios y restarle importancia. Su puesto lo ocupará el general de división Pablo Salas, hasta ahora máximo responsable del Servicio de Información del instituto armado.

No obstante, las asociaciones de guardias civiles al unísono valoraron el gesto de Ceña y lamentaron que un mando con una hoja de servicios intachable tenga que acabar sus servicios descontento con una decisión política.