Innovación exigirá a ELLIS que sea pública para recibir fondos del Consell

De este modo, el medio millón de euros que Innovación ha incluido en los presupuestos de 2024 para ELLIS Alicante se supeditará a un cambio en la naturaleza jurídica de la fundación que nació hace tres años con el apoyo financiero del Gobierno del Botànic, y que hasta entonces se ha mantenido como entidad privada pese a que el grueso de su financiación anual proviene de las arcas públicas.

LAS PROVINCIAS desveló este domingo un informe firmado por el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, fechado en enero de 2023, que hacía suya las consideraciones emitidas con anterioridad por Abogacía de la Generalitat sobre ELLIS Alicante. En sus informes, los servicios jurídicos consideraban que esta fundación tenía «naturaleza pública debido a que recibe de forma recurrente subvenciones nominativas públicas que constituyen su principal fuente de financiación». El Botànic incluía en los presupuestos una subvención nominativa de 1,5 millones de euros para ELLIS Alicante, algo que fue objeto de polémica porque cuando se la fundación constituyó uno de los socios fundadores era el marido de la entonces consellera de Innovación, la socialista Carolina Pascual.

A pesar de este compromiso de apoyo, la entidad nunca recibió esta cantidad completa porque apenas ejecutaba una fracción de lo presupuestado: un 6,1 % en 2021, un 23,5 % en 2022 y en torno a un 30 % en 2023; en este último ejercicio el presidente del Patronato ELLIS Alicante, Christof Beaupoil, ha rechazado por escrito más de un millón de euros de aportación. La fundación destina aproximadamente cuatro de cada cinco euros de lo que recibe de la Generalitat a gastos de funcionamiento y el resto a investigación. El informe de Antifraude se emitió a instancias de una denuncia que fue archivada precisamente porque la entonces responsable de la Conselleria de Innovación, la también socialista Josefina Bueno, aseguraba que ya se habían iniciado las actuaciones tendentes a «dar cumplimiento» a las observaciones contenidas en los informes de Abogacía, aunque no consta que se realizase ninguna actuación al respecto.

Se da la circunstancia de que los servicios jurídicos también hacían las mismas consideraciones del Centro Internacional para la Investigación del Envejecimiento y del Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (valgrAI), entidades que ya se han reconvertido al sector público de la Generalitat. Fuentes del departamento que dirige Nuria Montes indicaron que se analizarán los informes jurídicos y que, en todo caso, se atenderán las observaciones emitidas tanto por Abogacía como por Antifraude «a la mayor brevedad posible» y con el objetivo de «atender el escrupuloso cumplimiento de la legalidad».

La relación entre la Generalitat y la Fundación ELLIS siempre ha estado bajo la lupa de los auditores e interventores, porque la polémica comenzó desde el momento de su constitución. En 2020, el año de su constitución, la fundación, de origen privado, arrancó con las aportaciones monetarias de 40 socios fundadores del ámbito científico, universitario o empresarial. Entre ellos, una cara conocida en la Conselleria de Innovación, de la que dependerá la parte pública del proyectoun profesor de Telecomunicaciones, en su día, pareja de la consellera de Innovación, de la que dependían los fondos públicos.

A partir de ahí, llegó la concesión de ayudas anuales, a través de líneas nominativas en los sucesivos presupuestos de la Generalitat por importe de 1,5 millones cada año. Unas ayudas que nunca salieron en concurrencia para que otras empresas o fundaciones pudieran optar a ellas. Algo que se reprochó, tiempo después, en an varios informes de la Sindicatura de Comptes, que no justificaba la urgencia de la ayuda a dedo porque la fundación acababa destinando parte importante del dinero a gasto de funcionamiento.

Después se supo que su directora, a la que el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, había nombrado poco antes comisionada para la Inteligencia Artificial del Consell, y cuyo puesto no tenía contrapartida económica, acabó facturando su trabajo de estudio del coronavirus para la Generalitat a cuenta de la ayuda que el Ejecutivo dio a su fundación. En concreto, de los 120.000 euros de la ayuda que se dieron sólo se emplearon 63.899 euros. De ese importe, 36.300 fueron para pagar servicios facturados por la investigadora principal tanto para la realización parcial de las encuestas del coronavirus, como para su divulgación. De ese trabajo se acabó pidiendo el reintegro. Después, el PP llevó a Antifraude las sucesivas ayudas y pidió a Transparencia que aclarara el origen de las partidas. Unos movimientos que ahora obligarán a la fundación a elegir: seguir su marcha sin oxígeno público o dejarse gobernar.